CONCEDE JUZGADO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESA EL ZAPOTILLO, A HABITANTES DE TEMACAPULÍN

El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo hacen del conocimiento público que las acciones realizadas en el marco de la conmemoración del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, están teniendo resultados positivos para la defensa de las comunidades afectadas por la posible construcción del embalse EL Zapotillo.
De los tres amparos en contra de la licitación de la obra, presentados por el Colectivo COA el día 9 del presente mes, ya se otorgó, en el de la Señora Isaura Gómez Guzmán (expediente 2245/2008), la suspensión provisional de la ejecución de la obra por parte del Juzgado 1 de distrito en materia administrativa del Estado de Jalisco y los otros dos han sido radicados, uno en el juzgado 4 y el otro en el juzgado 2. A su vez informamos que el día de hoy fueron presentados otros 3 amparos en el mismo sentido y esperamos su favorable y pronta contestación.
En el caso de la movilización realizada ayer, 10 de diciembre, por las comunidades y organizaciones solidarias de las ciudades de León, Gto. y Guadalajara, Jal., que se llevó a cabo en el sitio donde se pretende construir la cortina y en la Presidencia Municipal de Yahualica, informamos que las empresas interesadas en concursar en la licitación reunidas ayer con la CONAGUA Y CFE, cambiaron su agenda y no bajaron al sitio El Zapotillo como tenían previsto, por lo que los afectados no pudieron expresarles de viva voz su rechazo al proyecto y sus puntos de vista.
A su vez señalamos que el día de hoy el Diputado local, Carlos Orozco Santillán del PRD, presentó en conferencia de prensa un punto de acuerdo que propone al Congreso del Estado, para que entre otras acciones, se lleven a cabo mesas de trabajo intersectoriales para atender la inconformidad de las comunidades y en su caso se busque otra alternativa para cumplir con los compromisos del Gobierno de Jalisco.

Para mayor información:
Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), A.C.
38110714 Ext. 111 – 116 / Marco von Borstel Cel. 044 33 12 69 26 21 / E-Mail: marco@imdec.net
Colectivo COA
3825 4903 / Claudia Gómez Cel. (33) 1280 8211 / elcolectivocoa@gmail.com,

Va mal con las represas

Nuevo libro del Banco Mundial no convence a los críticos sobre los grandes proyectos hidroeléctricos.

Un libro esperado, comisionado por el Banco Mundial sobre las grandes hidroeléctricas, enfatiza los supuestos beneficios económicos, al tiempo que no trata en forma adecuada los serios costos sociales y ambientales. Este libro es otro indicador claro de la preferencia del Banco por las grandes represas.
El libro titulado Impactos económicos indirectos de las represas: Casos de estudio de India, Egipto y Brasil - evalúa lo que los autores piensan es un componente generalmente olvidado de los proyectos de las empresas, o sea sus impactos económicos indirectos. Lo hace utilizando casos de estudio prácticos que miden el total de los efectos económicos de las represas en relación con sus efectos directos observables, evaluando la reducción y la distribución de su impacto en la pobreza.
Puntos ciegos
Con sólo cuatro casos de estudio, el libro es mucho más limitado en su alcance que el Informe 2000 de la Comisión Mundial sobre Represas y Desarrollo , el cual incluye 10 casos de estudio y 100 estudios técnicos de 125 represas (ver Boletines 47, 27 y 20).
Desafortunadamente lo que le falta en alcance no es compensado por su profundidad. Al sólo dirigir los beneficios económicos de las represas, no hace una evaluación completa de sus costos sociales y ambientales. Además, las represas son celebradas como el factor causante primario en casos donde los resultados positivos pueden ser explicados de otra manera. Por ejemplo, el crecimiento de los resultados agrícolas alrededor de Bhakra en India, puede ser explicado por la industrialización del área. Al mismo tiempo, la agricultura sigue sufriendo debido a los efectos adversos de la represa, tales como la degradación de los suelos y la caída de las reservas del agua subterránea.
Todavía hay lecciones para aprender
Al tiempo que una serie de nuevos y recientemente revividas empresas y proyectos de agua sugiere que la inclinación del Banco Mundial está para quedarse en la gran infraestructura, es más difícil encontrar algún tipo de evidencia que demuestre cómo estas inversiones tengan algo que ver con el mandato del Banco sobre la reducción de la pobreza.
Es más probable que los inversionistas privados sean los principales beneficiados de una represa en la República Democrática del Congo. Inga 3 formará parte de la Gran Represa Inga, una estructura superior en escala a la Represa de las Tres Gargantas en China y que posiblemente costará más de $80.000 millones. Sin embargo, como comenta la ONG Centro de Información del Banco (BIC de Washington, "los beneficios de desarrollo de estas iniciativas continúan siendo oscuros, ya que todos los resultados están marcados para la exportación y para facilitar la expansión de las grandes operaciones mineras en la región".
Con el proyecto hidroeléctrico Nam Theun 2 en Lao PDR (ver Boletines 60, 59 y 45), parece que de nuevo las personas pobres no son una prioridad. En su informe de junio de 2008, ´Represas para el desarrollo: Lecciones de Laos´, Shannon Lawrence de la ONG Ríos Internacionales, critica el proyecto por no haber tenido en cuenta a la población local en un proceso que hasta el momento ha producido el desplazamiento de más de 6.000 personas. En junio, las medidas todavía no estaban listas para asegurarse de que las necesidades de las personas reasentadas y de las comunidades al paso de la corriente de la represa se estuvieran teniendo lo suficientemente en cuenta. Además, "al tiempo que las fechas límite para el trabajo de ingeniería de Nam Theum 2 ya estaban convenidas, los programas sociales y ambientales continuaban teniendo dificultades desde que comenzaron las construcciones".
El estilo del Banco para apoyar grandes proyectos de infraestructura se extiende más allá de las represas. El 1 de septiembre de 2008, el Banco firmó un acuerdo con el gobierno de Egipto por $145 millones por cuatro años, para financiar un nuevo sistema de irrigación. Al tiempo que la irrigación previa del Nilo ha estado bajo el control público, ésta será manejada por una sociedad público-privada (PPP). Aunque dicen que el proyecto generará empleo, un informe del BIC sostiene que la introducción de nuevas tecnologías limitará el número de nuevos trabajos, y que "los principales beneficiarios serán especialmente los inversionistas con un gran capital". El trabajo está listo para empezar a principios de 2009, y todavía es incierto si el proyecto garantizará el acceso al agua para las personas pobres.

Los “megaproyectos” en la estrategia de control de los recursos naturales

Contenido: resistencia y soberanía

Á R E A D E I N V E S T I G A C I Ó N Y M O N I T O R E O

www.fespad.org.sv

San Salvador, 09-2008

La estrategia hegemónica de las potencias industrializadas responde al objetivo fundamental de ejercer el control sobre los recursos naturales (agua, biodiversidad, petróleo, gas natural, tierra, y energía), para ello integran tres elementos: los Tratados de Libre Comercio (TLC), los megaproyectos de inversión y la militarización.
Los TLC son instrumentos que legitiman jurídicamente la estrategia hegemónica, en tanto tratados internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa, se convierten formalmente en ley de la República, ubicándose por debajo de la Constitución, pero por encima de toda la legislación secundaria de los países.
Los contenidos de los TLC crean un marco jurídico permisivo para las corporaciones transnacionales a partir del cual se legaliza la apropiación y el control de los recursos productivos. A manera de ejemplo, el capítulo de Propiedad Intelectual del CAFTA-DR legitima los ejercicios de biopiratería, en la medida en permite a las empresas dedicadas a la bioprospección que puedan apropiarse de los recursos de biodiversidad de la región centroamericana.
Esto porque dicho capítulo, obliga a los Estados Partes a ratificar el Convenio UPOV-91 y del
Tratado de Budapest, a partir de los cuales se permite a los obtentores vegetales patentar nuestras especies vegetales, así como los bancos de microorganismos.
Los megaproyectos de inversión, impulsados por las Instituciones Financieras Internacionales, los bancos regionales, la Corporación de la Cuenta del Milenio y los gobiernos del continente, tienen el propósito de crear la infraestructura económica necesaria para el eficiente funcionamiento de las corporaciones transnacionales que operan en la región.
En este marco se implementan de manera simultánea en el norte, el centro y el sur de América
tres iniciativas que integran un abanico de megaproyectos articulados desde la perspectiva de
seguridad nacional del gobierno de los Estados Unidos, y financiada con recursos públicos provenientes del presupuesto nacional o préstamos: el Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), el Plan Puebla Panamá y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).
La estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos trasciende del Los “megaproyectos” en la estrategia de control de los recursos naturales clásico enfoque de la “defensa del territorio”,
pues integra como elementos fundamentales a los TLC y a un conjunto de iniciativas en todo el hemisferio a fin de crear las condiciones de infraestructura que faciliten el funcionamiento de las empresas transnacionales; con el propósito supremo de garantizarles el acceso y control sobre
los recursos naturales: el agua, la biodiversidad, el gas natural, el petróleo, los minerales (metálicos y no metálicos) y la tierra misma.
Tanto en la ASPAN, el PPP, como la IIRSA se incluyen un conjunto de megaproyectos, como la construcción de súper-carreteras y canales secos interoceánicos, así como la construcción de
puertos y aeropuertos, de manera que puedan facilitarse la circulación de las mercancías y reducir los costes de transporte. La posición centroamericana resulta estratégica para los intereses hegemónico, por constituir un puente entre los dos bloques económicos mundiales: Europa y Asia, sobre todo ante la posibilidad del trazado de un canal seco interoceánico que sustituya el paso a través del Canal de Panamá, y que suponga una significativa reducción de los costes de transporte.
También se incluyen entre los megaproyectos la construcción de redes de canales y tuberías que atraviesan las fronteras de los países para trasladar el agua, la construcción de puertos, presas y represas; así como los corredores biológicos, como el mesoamericano.
Como se constata en el caso salvadoreño, el trazo de los proyectos de construcción de carreteras
(Longitudinal del Norte, 318 kms.) está determinado en función de intereses estrictamente económicos y no en función del desarrollo y la reducción de la pobreza de los municipios que son
atravesados. Este trazo carretero coincide con la mayoría de proyectos de exploración y explotación de minería metálica en El Salvador, el proyecto de exploración de uranio en Guatemala, los proyectos de desarrollo turístico de la zona norte, la ubicación de las presas y los proyectos de represas contemplados en el PPP; con el agravante que el trazado de la misma se proyecta a través de la cuenca alta del Río Lempa, principal fuente de abastecimiento de agua del país.
Las tres iniciativas hemisféricas de los megaproyectos de inversión encuentran en los Tratados de Libre Comercio (TLCAN, CAFTA-DR y TLC andinos, respectivamente) el complemento perfecto para culminar la estrategia corporativa que les permita avanzar en el control de los recursos naturales de la región y culminar el proceso de privatización de los servicios públicos y servicios de utilidad pública que se encuentran en proceso.
El proceso de militarización en la región responde a una nueva concepción de la estrategia de seguridad nacional, al conjugarse con los TLC y los megaproyectos con el propósito de garantizar por la vía coercitiva el control sobre los recursos naturales.
En este sentido, la militarización representa el componente represivo de la estrategia de dominación, y que en los últimos años se ha apuntalado con la aprobación de leyes anti-terroristas y anti-pandillas en los países de la región, a partir de las cuales se legitima jurídicamente la represión de la oposición y el disenso, a partir del pretexto de luchar contra el terrorismo y el crimen organizado.
Vale señalar que en la concepción de la defensa del territorio, el gobierno de los Estados Unidos lleva implícita una ampliación de su perímetro defensivo, rebasando sus fronteras y extendiéndolo a una región que va desde el extremo norte de Canadá, el Océano Ártico, hasta el extremo sur de México, la frontera con Guatemala y Belice.
En la región centroamericana, y particularmente en El Salvador, se constata una marcada tendencia hacia la militarización que se expresa en la implementación de grupos de tarea conjunta del Ejército y la Policía Nacional Civil, el funcionamiento de la base de monitoreo contra el narcotráfico de Comalapa, el establecimiento de la Law Enforcement Academies (ILEA) y la coordinación de los ejércitos de la región y de los Estados Unidos en acciones de reacción inmediata ante amenazas de terrorismo.

Impacto social y ecológico de la construcción de represas en El Salvador

(En esta ocasión queremos compatir documentos de archivo, sobre actores que en otros años se han pronunciado en relación al tema de represas en El Salvador. Puesto que no es un tema que ha aparecido recientemente sino que para nuestro caso, lleva varios años de debate. -MONARES-)

A pocos días de haberse anunciado la privatización de las empresas distribuidoras de energía, comienzan a conocerse algunos detalles de la Ley para la Venta de Acciones de las Sociedades Distribuidoras de Energía Eléctrica que revelan la verdadera intencionalidad de este proyecto, especialmente en lo que respecta a la forma concentrada en que se distribuirán sus beneficios.

De acuerdo al artículo 12 de la citada ley, se establece que "los recursos que se generen por la venta de las acciones de las sociedades distribuidoras deberán ser utilizados por CEL [Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa] exclusivamente en el desarrollo de infraestructura para generación de energía eléctrica por medio de recursos naturales". Según el Presidente de CEL, Guillermo Sol Bang, la intención de la institución es ampliar la capacidad de las centrales Cerrón Grande y 5 de Noviembre y construir cinco proyectos hidroeléctricos más en el cauce del río Lempa.

Esta disposición, ciertamente, cuestiona la supuesta inversión en proyectos de beneficio social que posibilitaría la privatización de las empresas estatales. Esto se ha registrado ya en el pasado, pues las privatizaciones realizadas no se han traducido en incrementos apreciables del gasto social. Sin embargo, es importante reseñar algunos de los efectos de la construcción de represas en el país y las posibles implicaciones de un plan de expansión de la energía hidroeléctrica tal como el planteado por CEL.

Históricamente puede demostrarse que los menos beneficiados con la construcción de las represas y la generación de la electricidad han sido los sectores mayoritarios del país. Así, es de mencionar que los embalses asociados con las represas han implicado pérdida de recursos naturales e infraestructura, desplazamientos poblaciones y destrucción del hábitat; todo ello sin que siquiera se lograra incrementar el uso de la electricidad en el sector rural.

El caso más polémico lo constituye la construcción de la represa del Cerrón Grande, la cual en principio fue diseñada con la clara intencionalidad de generación eléctrica, pero también se le atribuyeron supuestos beneficios de prevención de inundaciones en la zona baja del río Lempa. Debido a que con la construcción de la mencionada represa se estimaba que se formaría un embalse que cubriría una extensión de más de 140 kilómetros cuadrados, suficiente para ser considerado como el cuerpo de agua más extenso del país, el proyecto ha estado desde el principio rodeado de la polémica. Evidentemente, los habitantes de la zona a ser inundada se opusieron desde el principio al proyecto, obligando primero a posponerlo y luego a la adopción de planes de reubicación de la población que no alteraron los efectos negativos del proyecto sobre los desplazados.

La creación del embalse provocó pérdidas de tierras productivas, de carreteras, puentes, un ingenio azucarero, vestigios arqueológicos y el desplazamiento de más de 25,000 habitantes de la zona. Probablemente, lo más cuestionable es que en la actualidad esta represa, lejos de prevenir las inundaciones, se ha convertido en un catalizador de ellas debido a las descargas de agua que desde la misma y desde otras tres se realizan. La problemática de las inundaciones afecta gravemente a otros grupos poblacionales rurales asentados en ambas riberas de la parte baja del Lempa. Paradójicamente, toda el agua que se libera durante el invierno ha provocado ya que en épocas de sequía no se cuente con volúmenes adecuados de agua y se proceda a implementar drásticos racionamientos energéticos, tal como ha sucedido en 1987 y 1991, por ejemplo.

Los principales beneficiados de la construcción de las represas han sido, sin lugar a dudas, los sectores urbanos-industriales, pues para los sectores urbano-artesanales fue todo lo contrario. La ampliación de la generación eléctrica a principios de la década de 1950 dio paso al surgimiento de grandes empresas de zapatos, textiles, café soluble, velas y otros productos que entraron en competencia desigual con la producción artesanal. Estudios sobre la utilización de la energía eléctrica revelan que los kilowatt hora utilizados en la elaboración de los productos se elevaron dramáticamente durante esa época y paulatinamente provocaron una drástica reducción de la producción artesanal.

El balance histórico de la construcción de las represas resulta negativo no sólo por los efectos mencionados, sino también porque el manejo de las tierras aledañas a los embalses ha provocado asolvamiento prematuro de las mismas y reducción de la vida útil de la represas. Es decir que las grandes inversiones realizadas en estos proyectos únicamente han beneficiado a sectores minoritarios, aun a costa del sacrificio de sectores rurales y urbano-artesanales, así como de apreciables incrementos de la deuda externa, pues las represas fueron construidas, fundamentalmente, a partir de empréstitos del Banco Mundial.

Actualmente, no se considera contraer nuevas deudas para la construcción de las represas, pero los efectos experimentados en el pasado deberían, cuando menos, promover una revisión de los proyectos para que se eviten cometer los mismos errores del pasado. Evidentemente, ello pasa por la adopción de un marco institucional y legal que promueva la protección ambiental, pero también pueden contemplarse algunos objetivos relacionados con el mejoramiento de las condiciones económico-sociales en el agro.

Suponiendo la inevitabilidad de la construcción de las represas, podrían señalarse, cuando menos, cuatro diferentes líneas de acción: promoción del uso sostenible de las tierras aledañas a los embalses, expansión de la oferta energética en el sector rural, construcción de pequeñas obras de riego y control efectivo de las inundaciones en la parte baja del Lempa. Como se señaló arriba, la erosión de las tierras aledañas a los embalses ha contribuido a acelerar su asolvamiento; por ello se impone la adopción de planes de manejo cuya implementación debería ser promovida por la misma CEL. Por otra parte, la expansión de la oferta energética en el sector rural supondría un mejoramiento de las condiciones de vida y al mismo tiempo abriría las posibilidades de modernizar muchos procesos agropecuarios y, por ende, incrementar la productividad.

El diseño de las represas podría permitir también crear un sistema de riego destinado a abastecer a los agricultores aledaños al proyecto hidroeléctrico; en el caso de El Salvador ello podría favorecer inclusive los planes gubernamentales de expandir los sistemas de irrigación. Sin embargo, uno de los problemas más graves que debería solucionarse con la construcción de represas son las recurrentes inundaciones de la zona baja; si en el pasado esto no pudo lograrse, este es un momento propicio para retomarlo como uno de los objetivos de la ampliación de la infraestructura hidroeléctrica del Lempa.

Cabe mencionar en este punto que en algunos países la construcción de represas ha sido concebida como un punto de partida para impulsar auténticos procesos de recuperación ambiental, manejo sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de las condiciones socio-económicas de los agricultores. Para ello la construcción de represas ha sido acompañada de campañas de mejoramiento de técnicas agropecuarias, distribución de abonos, campañas de salud e introducción masiva de la electricidad en el agro.

La propuesta de CEL de construir cinco nuevas represas hidroeléctricas debería llamar a la reflexión debido a que podría implicar que los recursos de la privatización se inviertan en beneficio de unos pocos sectores (los nuevos propietarios de las distribuidoras eléctricas, los industriales y algunos sectores domiciliares urbanos), mientras que los mayores costos de la construcción de las represas y de la creación de embalses serían trasladados a los sectores rurales tradicionalmente excluidos de los beneficios de la expansión de la capacidad energética.
Semanario Proceso

© 1997 UCA Editores
Año 17

número 755

abril 30 1997

ISSN 0259-9864