¿Y donde está la Paz?

Misión de observación internacional en Santa Cruz Barillas

Guatemala: comunidades presentan propuestas sobre energía alternativa

Líderes comunitarios en Guatemala y representantes de países de Latinoamérica adelantan una propuesta denominada "Energía popular", iniciativa que busca satisfacer la demanda de energía eléctrica de las comunidades y de la industria internacional. La propuesta plantea que las comunidades sean quienes tomen el control y la administración del recursos energético. teleSUR

Informe de la Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos en Guatemala

MISION INTERNACIONAL DE OBSERVACION DE DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA

Guatemala, 14 de Octubre de 2013

INFORME

En el marco del V Encuentro Latinoamericano de la “Red de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos, sus Comunidades y el Agua” (REDLAR), realizado en la comunidad de Retalteco, Departamento del Peten en Guatemala, del 9 al 12 de Octubre del presente año, se llevó a cabo una Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos compuesta por 80 delegadas y delegados representantes de 45 organizaciones y redes provenientes de 14 países de América Latina, entre ellos: Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

El objetivo de esta Misión Internacional ha sido verificar las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas contra la población indígena y campesina de los Departamentos de Huehuetenango, Quiché, Baja Verapaz y Petén en el Estado de Guatemala. Como resultado, la Misión Internacional ha elaborado este Informe que contiene un conjunto de recomendaciones para atender las demandas y necesidades de las poblaciones afectadas en esta región a causa de los megaproyectos de represas y minería.

CONTEXTO

A pesar de los procesos de paz de 1996 en relación con el conflicto armado interno, las comunidades indígenas de Guatemala continúan siendo agredidas y violentadas en sus derechos y dignidad. La causa de ello puede encontrarse en la relación inseparable entre el capital y el poder político. Esta relación ha prosperado al amparo del modelo económico neoliberal que esta Misión Internacional entiende como la promoción y protección desde las instituciones del Estado de la lógica de reproducción, acumulación y centralización del capital tanto nacional como trasnacional.

Bajo el falso discurso del progreso y del desarrollo, esta relación ha hecho posible que las agendas de las instituciones del Estado de Guatemala sean diseñadas e impuestas por influyentes grupos económicos no sometidos al examen crítico de la sociedad guatemalteca en general, y de las comunidades indígenas que constituyen el 60% del total de la población en particular, profundizando con ello la crisis socioambiental causada por la extracción de agua y otros bienes comunes naturales. Los políticos guatemaltecos, en definitiva, no responden a las demandas de la sociedad sino a las necesidades del capital y la oligarquía nacional e internacional.

En este contexto, la gran mayoría de los procesos de extracción en Guatemala están ocurriendo en territorios indígenas cuya gestión histórica de las tierras suele ser colectiva. No obstante el régimen de protección internacional a que están sujetos estos grupos continúan siendo frecuentes las incursiones de agentes del Estado y de las corporaciones a los territorios de extracción. En nuestra opinión, lo que subyace a esta realidad es el control de los bienes comunes naturales que, desde la racionalidad instrumental propia del sistema capitalista, son relevantes sólo en la medida en que sirven de medio para alimentar un modelo de desarrollo que les permite generar enormes ganancias económicas al tiempo que profundiza las desigualdades sociales y daña irremediablemente los ecosistemas. Todo esto está dando lugar a la aparición de luchas de resistencia y construcción de alternativas.

RESULTADOS DE LA OBSERVACION

La Misión Internacional tuvo la oportunidad de visitar en el Departamento de Huehuetenango los municipios de Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán y Barillas; en el Departamento del Quiché el municipio de Ixcán; en el de Baja Verapaz, las comunidades de Ribacó y Peña del Angel del municipio de Purulha, y en el Departamento del Petén la comunidad Cooperativa La Técnica Agropecuaria del municipio de Las Cruces. Durante las visitas, la Misión Internacional pudo reconocer los escenarios del conflicto y recabar información de las diversas violaciones a los derechos humanos en esta región a través de entrevistas directas con testigos, autoridades locales y población en general.

En torno al Proyecto Hidroeléctrico Qambalam de la empresa española “Hidro Santa Cruz” -cuya inversión total supera ampliamente el presupuesto anual de la municipalidad de Barillas- esta Misión Internacional constató la gran oposición que ha generado entre las poblaciones potencialmente afectadas provocando diversos incidentes de violencia cuyo pináculo ocurrió el 28 de septiembre pasado en el contexto de una manifestación pacífica por parte de ciudadanos opositores.

De acuerdo con diversos testimonios, la policía se excedió en el ejercicio de sus funciones al dispersar la protesta que se desarrollaba de manera legal y pacífica en contra del megaproyecto Qambalam en el municipio de Barillas. El ataque de las fuerzas de seguridad -con lujo de violencia y gases lacrimógenos entre otros métodos de coacción- no se circunscribió sólo a los manifestantes. Quienes presenciaron los hechos relataron a los miembros de esta Misión Internacional que la violencia se extendió hacia sectores de la población civil entre quienes se encontraban niños, mujeres y ancianos. Por el impacto que supone a la vida de las personas, los testimonios han enfatizado de manera especial los allanamientos ocurridos a domicilios particulares.

En la actuación violenta de las autoridades, estas detuvieron arbitrariamente y en un auto no balizado- al defensor de los derechos humanos, luchador social y miembro de la resistencia pacifica de Posa Verde Maynor López, lo que provocó la reacción de pobladores de los municipios de Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán y Nenton, la violencia posterior por parte de las autoridades.

Desde el 28 de septiembre hasta el día de la visita de esta Misión Internacional, los pobladores de los tres municipios del Departamento de Huehuetenango han podido reconocer efectos ulteriores vinculados a las amenazas, la intimidación, la represión y en general la violencia perpetrada hacia la población. Mientras en los niños y las niñas se registran deserciones y falta de rendimiento en la escuelas, las mujeres están presentando cuadros de estrés pos-traumático así como otras afecciones en su salud mental. En un caso, incluso, la tensión y el miedo provocaron la muerte de Eulalia Pascual Ramón, quien además se encontraba embarazada. En este sentido, la población fue enfática al manifestarnos temor por su vida pues la incursión de helicópteros y los gases lacrimógenos les recuerdan los tiempos del conflicto armado interno.

En general, el conflicto en torno al Proyecto Hidroeléctrico Qanbalam ha suscitado graves violaciones a los derechos humanos. A su paso por los territorios Qanjobales de Guatemala, “Hidro Santa Cruz” y el gobierno guatemalteco han generado un ambiente de persecución, encarcelamientos, heridos y, desafortunadamente, homicidios, como es el caso del asesinato de Andrés Francisco Miguel el primero de mayo de 2012. Todo ello a pesar de la amplia oposición al proyecto expresada en la Consulta de Buena Fe llevada a cabo por la propia comunidad -con la participación de 46,500 pobladores de los cuales más del 95% rechazó el proyecto.

Durante la visita al Ixcán, Departamento del Quiché, esta Misión Internacional observó una fuerte resistencia de la población en contra el Proyecto Hidroeléctrico Xalalá. De acuerdo con las entrevistas que realizamos, la población potencialmente afectada nunca han sido oportuna ni debidamente informadas por parte de la empresa o del gobierno. Adicionalmente, los pobladores testimonian las constantes intentos de incursión de los promotores del proyecto hidroeléctrico para infiltrase en los territorios y obtener fotografías para los estudios técnicos del proyecto. Así mismo, nos han denunciado que agentes e instituciones del gobierno principalmente del INDE han emprendido una campaña para dividir a las comunidades con el objetivo de legitimar el proyecto hidroeléctrico. Los distintos medios de comunicación privados son los otros instrumentos que el gobierno y las empresas utilizando para promocionar y justificar las hidroeléctricas como proyectos que aportan desarrollo para todos, energía a bajo costos para todos y empleo para el pueblo y otros supuestos beneficios, y provocan miedo a la población argumentando falsedades al afirmar que al no construirse hidroeléctricas, habrá crisis de energía en Guatemala.

En otras de nuestras visitas, esta Misión Internacional recorrió las comunidades de Peña del Angel y Riva-Co, en el municipio de Purulha, Departamento de Bajo Verapaz donde sostuvimos reuniones tanto con representantes comunitarios como con la población en general. De acuerdo con ello, la principal problemática expuesta es la construcción de las represas impulsadas por las empresas “Hidro Sulin” S.A en el Río Peña del Angel y “Fuerza Hídrica” en el Río Wachabajo y Río Riva-o, las cuales han sido rechazas categóricamente por los habitantes de esas poblaciones. En estos casos, los pobladores manifestaron que sin una consulta de por medio, se han iniciado la construcción de megaproyectos. Así mismo, nos hicieron saber que a través de engaños y manipulación, la empresa “Hidro Sulin” adquirió tierras en la comunidad de Peña del Ángel para la construcción de infraestructura y el traslado de materiales, equipo y personal técnico. Estas obras han causado impactos socioambientales en la región.

Por su parte, la empresa “Fuerza Hídrica” no ha presentado una evaluación de impacto ambiental en relación con la represa que se esta construyendo para que se discuta con las comunidades afectadas. Por otro lado, supuestos empleados de la empresa han suspendido el abastecimiento de agua a la comunidad de Riva-Co desde el mes de septiembre de este año, como una medida de presión hacia esta comunidad opositora. Igualmente, esta oposición ha generado que comunidades vecinas aliadas a la empresa tengan una actitud agresiva contra la comunidad Riva-co. De acuerdo con versiones de habitantes de la comunidad de Riva-co, la empresa “Fuerza Hídrica” ha interpuesto dos denuncias penales contra habitantes de Riva-co como otra medida de presión.

La Presa Sacja ha sido construida en el área de Sierra las Minas. Esta causa daños irreparables en los ecosistemas y en la economía de los habitantes, causado por la reducción del cause del río que ha llegado al 10% de su caudal.

Por último, visitamos la comunidad Cooperativa La Técnica Agropecuaria, ubicada en las márgenes del Río Usumacinta. La Técnica forma parte de las comunidades que serían afectadas por los proyectos hidroeléctricos del Usumacinta que impactarían con la inundación de tierras, de sitios sagrados, bellezas naturales, de biodiversidad y sus tierras de cultivo. Cabe señalar que el municipio de Las Cruces llevó a cabo su consulta comunitaria en el 28 de abril de 2012 donde más del 90% manifestó su rechazo a la construcción de las represas en el Usumacinta, de los cuales no han sido consultados ni informados.

CONCLUSIONES

Por los testimonios recabados así como por las fotografías, videos y documentación a los que tuvimos acceso durante nuestros recorridos, esta Misión Internacional está convencida de que en los procesos relacionados con la promoción y construcción de represas hidroeléctricas en los territorios visitados, el gobierno de Guatemala y las empresas involucradas violan sistemáticamente los derechos humanos de comunidades indígenas.

El conjunto de derechos humanos violados no sólo incluyen los derechos civiles y políticos en lo que toca a la seguridad personal y jurídica, la libertad de expresión, manifestación y tránsito, el acceso a la información, el derecho a la consulta y el derecho a participar en condiciones de equidad en los planes de desarrollo sino que, por la naturaleza de los proyectos hidroeléctricos, las afectaciones se han extendido hacia el conjunto de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales entre los que hemos logrado identificar el derecho a la salud en todas sus dimensiones, el derecho a la vivienda, al trabajo, a la alimentación, a la educación, al agua, a la cultura, a la tierra y a un medio ambiente sano. De igual modo hemos constatado que la actuación de las autoridades y el modo de operar de las empresas viola derechos de grupos vulnerables específicos como los derechos de los niños y niñas, los derechos de las mujeres y los derechos de los pueblos indígenas así como el derecho a la paz.

La Misión Internacional concluye que ni el gobierno ni las empresas inversoras, ya sean nacionales o transnacionales, cuentan con la licencia social necesaria para la implementación de hidroeléctricas, minas u otro tipo de megaproyectos en los territorios visitados. Ello ha quedado patente en las diversas Consultas Comunitarias de Buena Fe en donde la gran mayoría de la población se ha pronunciado en contra de los proyectos que afectan sus vidas y territorios. A pesar de ello, tanto el Capital y el Poder Político insisten en llevarlos a cabo por la vía de la imposición, la corrupción, la ilegalidad y la violencia. Esta Misión Internacional constata un patrón sistemático de violación a los derechos humanos deliberado y al servicio de los intereses de las empresas inversoras.

Por todo lo anterior, esta Misión Internacional sostiene que el Gobierno de Guatemala no solo ha hecho caso omiso de las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas del 2000, sino que ha violado en estas regiones los siguientes Convenios, Pactos y Protocolos sobre Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) signados por el Estado de Guatemala:

1) La Declaración Universal de los Derechos Humanos;

2) La Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos;

3) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

4) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;

5) La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas;

6) El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes;

7) La Convención sobre los Derechos del Niños;

8) La Convención Americana sobre los Derechos Humanos;

9) El Protocolo Internacional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 Relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados sin Carácter Internacional (Protocolo II)

10) Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de Belém do Pará-.

11) El Protocolo de San Salvador de la OEA.

RECOMENDACIONES

Luego de su visita a los territorios señalados, esta Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos recomienda:

I. La cancelación definitiva de los proyectos de represas y minería, así como la salida inmediata de las empresas de los territorios de extracción ya que no cuentan con licencia social por parte de las comunidades;

II. El cese inmediato a la militarización del territorio y a la violencia contra las comunidades en resistencia civil pacífica;

III. La reparación suficiente y culturalmente apropiada de los daños en sus diversas modalidades:

* Indemnización por parte del gobierno y las empresas involucradas por los daños causados por estos conflictos.

* Reparación integral de los daños psicológicos, económicos, culturales, ambientales, de salud, entre otros referentes a sus derechos humanos.

* Hacemos eco de las demandas de la población afectada en el sentido de exigir las disculpas públicas por parte del gobierno guatemalteco por la violación a los derechos humanos por parte de las empresas privadas involucradas en estas violaciones; de las representaciones de Naciones Unidas en Guatemala por su silencio y omisión pese a tener conocimiento del conflicto; y del gobierno de España toda vez que sus representaciones diplomáticas en el país no han evitado la violación de los Derechos Humanos de las empresas españolas.

IV. Elevar la denuncia de violaciones a los derechos humanos al sistema universal de protección de la Organización de las Naciones Unidas, así como al sistema regional de la Organización de los Estados Americanos;

V. La presencia de los relatores correspondientes de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos y en especial de los Derechos Indígenas;

VI. El retiro inmediato del financiamiento de la Banca Multilateral y privada a los proyectos involucrados en la violación de derechos humanos;

VII. No considerar estos proyectos como Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) pues además de que no cuentan con los requisitos necesarios para ello son una falsa solución al reto que supone el Cambio Climático;

VIII. Que el Estado Guatemalteco garantice los mecanismos, a través de instrumentos adecuados y verificables, para la protección de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y de los Pueblos Indígenas;

IX. Que se suspenda la criminalización, persecución, hostigamiento, amenazas, órdenes de aprehensión a lideres comunitarios y defensores y defensoras de los derechos humanos. Así mismo, que se libere de manera inmediata a quienes se encuentran presos a causa de la defensa de los derechos humanos.

X. Suspender de manera inmediata la militarización y presencia policiaca que haya generado estos conflictos en la región;

XI. La aceptación del caso “Barillas” por parte de la Organización Amnistía Internacional;

XII. Respeto y reconocimiento a las decisiones de los pueblos determinadas en las consultas comunitarias de buena fe donde se rechazaron en consenso los megaproyectos.

XIII. Que se finquen responsabilidades administrativas y penales a las autoridades y funcionarios de las empresas privadas que hayan cometido violación a los Derechos Humanos;

XIV. Cumplimiento de las recomendaciones que hiciera el Relator para los Derechos de los Pueblos de Indígenas de las Naciones Unidas sobre el tema;

XV. El respeto a las autoridades municipales y comunitarias por ser representativas, legítimas y legales;

XVI. Garantizar la adecuada asistencia a la salud y acompañamiento psicosocial a la población afectada.

Firmamos:

* Por Argentina. Organización Piuké de Bariloche Patagonia, Asociación Civil Nativos y Grupo Ecologista Cuña Pirú;

* Por Belice. Institute of Enviromental Law and Policy;

* Por Brasil. Movimiento de Afectados por las Represas (MAB);

* Por Chile. Patagonia sin Represas Chile, Coordinadora Regional Anti Represas de la Región de Aysén;

* Por Colombia. Movimiento Ríos Vivos, Asociación Campesina Agroecológica de la Región de Boquerón;

* Por Ecuador. Acción Ecológica, Red de Ecologistas Populares;

* Por El Salvador. Fundación Promotora de Cooperativas (FUNPROCOOP), Movimiento Nacional Anti Represas de El Salvador (MONARES), Colectivo Ríos Vivos, Colectivo de Energía, Centro de Tecnologia Apropiada (CESTA)/Amigos de la Tierra El Salvador, Coordinadora Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC)/CLOC Vía Campesina, Comunidad Octavio Ortiz en el Bajo Lempa, Movimiento de Víctimas, Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y Corporaciones (MOVIAC), Fundación Promotora de Cooperativas, Coordinadora del Alto Lempa (CORAF-CIMARRON);

* Por Estados Unidos. Red de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA);

* Por Honduras. Coordinadora Ambiental de Occidente, Acción Popular Hondureña (ACPH), Vía Campesina Honduras, Red Ambientalista;

* Por México. Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), Otros Mundos/Amigos de la Tierra México, Acción Colectiva Socioambiental, Bios Iguana, Colectivo Hijos de la Tierra, Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Consejo Intercomunitario de la Cuenca del Río San Pedro, Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C., Consejo de Pueblos en Defensa del Río Verde, Servicios por una Educación Alternativa A.C. (EDUCA), La Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental (Lavida), Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, Consejo de Comunidades Unidas de Centla, Agenda MX Veracruz, Casa Jaguar de Madera, Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP Chiapas), Cooperativa Nueva Luna Chiapaneca, Fundación ENBIT, Koman Ilel, Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA);

* Por Panamá. Red Nacional para la Defensa del Agua, Movimiento 10 de Abril para la Defensa del Río Tabasará, Asociación Ambientalista de Chiriquí, Coordinadora para la Defensa de las Tierras y Aguas de Cocle, Alianza Ambientalista Pro Defensa Unidos por Panamá, Red Nacional de Defensores del Agua, Colectivo Voces Ecológicas;

* Por Paraguay. Organización Fedayim, Sobrevivencia/Amigos de la Tierra Paraguay;

* Por Perú. Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC);

* Por Uruguay. Radio Mundo Real/Amigos de la Tierra Internacional;

* Redes Regionales. Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas (COMPA), Red Latinoamericana contra las Represas y en Defensa de los Ríos sus Comunidades y el Agua (REDLAR), Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe (ATALC) de la Federación Amigos de la Tierra Internacional, Collectif Guatemala (Francia).

Coberturas 2013 / V Encuentro REDLAR

Comunidades amenazadas y afectadas por represas, movimientos sociales, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos de toda América Latina se encontrarán del 6 al 12 de octubre en la comunidad de Retalteco, en el departamento de Petén, Guatemala. 

Se trata del V Encuentro Latinoamericano de la Red Latinoamericana contra represas y por los ríos, sus comunidades y el agua (REDLAR), que viene a realizarse en un contexto de fragilidad para las luchadoras y luchadores sociales que se encuentran defendiendo sus territorios en este continente.
El encuentro se propone debatir la política energética de la región, el derecho a la consulta a los y las amenazadas, el valor de las consultas comunitarias, entre varios otros temas. Además, se dará seguimiento a los planes de integración y se denunciará la criminalización de los procesos de resistencia.

“Una misma estrategia”

Las resistencias a las represas convergirán en un nuevo Encuentro Latinoamericano de la REDLAR

El poblado de Temacapulín, en el estado mexicano de Jalisco, lleva adelante una lucha de resistencia a la construcción de la presa El Zapotillo hace ya ocho años. Ha sido una lucha ardua que ha contado con la solidaridad regional e internacional.

El caso de esta comunidad no difiere prácticamente en nada en comparación con las decenas de casos de diversas comunidades en varios países de América Latina que se pudieron dar a conocer en el Encuentro Nacional del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB, por sus siglas en portugués), realizado a comienzos de septiembre en la ciudad de San Pablo.

Haciendo referencia a estas cercanías, Libertad Díaz del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos MAPDER afirmó, en entrevista con Radio Mundo Real, que existe “un mismo patrón que se ejerce en todos los países, y en casi todas las comunidades afectadas por presas: no se informa, no se consulta, tienen las mismas tácticas de amenazas a las comunidades”, por lo que se hace necesario según ella forjar “una misma estrategia”

La entrevista fue realizada durante el Encuentro Nacional del MAB a través de la Convergencia de Comunicación de los Movimientos Sociales, y en ella la militante mexicana adelantó también lo que será el V Encuentro de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR), que se realizará del 6 al 12 octubre en la comunidad de Retalteco, departamento de Petén, Guatemala.

Radio Mundo Real realizará una cobertura especial del V Encuentro de la REDLAR

 

 

Represas, ¿beneficio para quién?

Por Gloria Morán

Contrapunto

SAN SALVADOR - Parecía un día de feria a las orillas del Río Torola en San Miguel, alrededor de 250 personas estaban reunidas, en el lugar había comida, risas, gritos, chapuzones y música, pero este último elemento denotaba que la reunión no era por algún santo patrón, sino en protesta contra la construcción de la represa hidroeléctrica El Chaparral en ese mismo departamento.

La construcción de la represa el Chaparral inició en octubre de 2008 y los encargados de poner la primera piedra en una de las comunidades afectadas, San Luis La Reyna,fueron el ex presidente de El Salvador por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Elías Antonio Saca y Nicolás Salume, ex presidente de la Comisión EjecutivaHidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

Ese acto terminó de revolver los ánimos de los pobladores, quienes hasta la fecha siguen haciendo acciones de protesta en contra del proyecto de generación de energía eléctrica, por considerar que destruirá el medio ambiente y el medio en el que viven.

Además consideran que la cimentación de la represa pone en peligro eminente de inundación a las comunidades, que no solo afectaría grandemente a la población, sino también hábitat de fauna y flora de esos lugares.

Los pobladores aseguran que difícilmente esa obra los beneficiará, puesto que la negociación y venta de la energía eléctrica será para un mercado regional, para las trasnacionales, y no en beneficio de la gente que vive cerca del proyecto.

La construcción abarca los municipios de Carolina, San Antonio del Mosco y San Luís de la Reina, ubicados al norte del departamento de San Miguel, todos fronterizos con Honduras.

EL proyecto se ubica sobre la cuenca del río Torola, que cuenta con una extensión de1.575 kilómetros cuadrados, de los que 1.018 pertenecen a El Salvador y 557 aHonduras.

En la actualidad el proceso se encuentra detenido porque al parecer hay problemas con el diseño original realizado por la empresa concesionada para la construcción. Según información extraoficial, la empresa habría pedido más dinero al Estado porque hubo errores en el planteamiento inicial de la construcción de la represa y ese diseño debería hacerse nuevamente.

ContraPunto intentó que la CEL explicara en qué punto se encuentra ese pleito y otras cuestiones que se exponen en este reportaje, pero a pesar de que hubo contacto con los responsables de comunicación, que mostraron buena disposición, finalmente no se obtuvo la información.

El temor de los pobladores

Según el padre Antonio Confesor Carballo Hernández, de la parroquia de San Antonio del Mosco, las familias afectadas en gran escala serán 11.000, esta cifra sin contar a los pobladores de otras comunidades aledañas a la zona. Además de 1.200 manzanas que serán inundadas.

“A nosotros la represa nos afecta porque nos quitan las propiedades donde hacemos la milpa, donde echamos la vaquita a pastar; y donde hay un par de vaquitas significa que es el alimento de las familias que sacan queso, leche. El peligro es cuando la construyan y al final decidan. Estamos presionados con la construcción, porque ha habido deforestación, amenazas y miedo”, dijo Estanislao Ayala, un hombre delgado de 55 años de edad.

A decenas y decenas de habitantes de los municipios afectados no les importó caminar hasta dos horas para llegar a la orilla del río Torola y expresar la insatisfacción y el temor que sienten por la construcción de la represa.

Los habitantes han dicho que no usarán la violencia para manifestarse, que no tomarán armas, piedras o palos para correr a la empresa concesionaria de la represa la CEL. Sin embargo usan su creatividad, su poder de organización para decir “no” a la infraestructura que dañará sus tierras y a muchos los hará partir obligados hacia otro lugar.

“La CEL y la construcción no pasarán” “no queremos proyectos de muerte” “viviremos en nuestras tierras y ganaremos la batalla” eran algunas de las frases que contenían las canciones que a todo pulmón entonaban un grupo local; a dicha acción se unían las pancarta que decoraban el lugar en contra de la acción ejecutada por la CEL.

El padre Confesor aseguró que los pobladores de la zona “nunca agarrarán las armas para defender sus ríos y su pueblo”, y añadió que defenderán de forma pacífica la vida de su pueblo, de sus ríos.

“Los campesinos seguimos siendo los afectados y los gobiernos anteriores y éste son unos asesinos”, agregó.

Los activistas denuncian “intimidación, difamación y amenazas por parte de la CEL y la presencia del Ejército” hacia las personas que viven en la comunidades destinadas para la construcción de las represas.

Según la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), los principales derechos violentados en contra de la población de la zona son el derecho a una vida digna, a una vivienda digna, a la salud, a la educación, el derecho a vivir en un medio ambiente sano, entre otros.

Descontentos con Funes

A las orillas de río Torola, una mujer de unos 50 años cuchicheaba entre la multitud y decía que el actual presidente, Mauricio Funes, la ha decepcionado porque él tuvo todo “el poder para detener la obra y se llenó la boca diciendo que no la detendrá”.

El comentario de la habitante de Carolina se debe a las declaraciones de Funes en agosto 2009, cuando aseguró que la construcción de la represa hidroeléctrica El Chaparral continuaría y su gobierno no lo iba a parar.

“La obra no se puede detener, no solo por razones jurídicas, esto nos implicaría una demanda judicial, que perfectamente la empresa, al sentirse afectada en sus intereses, puede proceder internacionalmente a realizarla, sino que también porque necesitamos satisfacer la demanda energética proyectada, y por lo tanto, necesitamos esa represa. Necesitamos 60 megavatios que va a generar El Chaparral y no lo vamos a parar”, dijo Funes en esa ocasión.

Fue en 2009 cuando surgió otra polémica entre la aprobación de Funes a la construcción y la negación del entonces titular de la de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), Tomás Campos.

El descontento de Funes con Campos brotó después de que éste último presentara en junio 2009 el documento: “Análisis sobre la Suspensión Temporal del Proyecto Hidrológico El Chaparral”, en el que se señalaban anomalías en el otorgamiento de la concesión, falta de transparencia en la licitación y contratación de la empresa ASTALDI SpA, deficiencias en el Estudio de Factibilidad y déficit en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de El Chaparral.

Campos se opuso a la construcción de la represa El Chaparral y eso generó fricciones entre él y Funes, quien públicamente había asegurado que pese a la oposición de ambientalistas y pobladores en torno a la presa el proyecto debía seguir.

Unos meses después Campos dejaba de dirigir la SIGET. La razón esgrimida por Funes para relevarle fue la "pérdida de confianza".

Desventajas de las represas en embalses

El proyecto hidroeléctrico estará construido con embalse sobre el río Torola y, según el documento presentado por la SIGET, algunas de las desventajas que tienes es el alto costo, la dependencia de la hidrología (de lluvias), el desplazamiento de la población, lasinundaciones de la tierra y hábitat de la vida silvestre, entre otros. Mismas consecuencias que los pobladores conocen y razón por la cual piden que no continúen con la represa.

Los habitantes las comunidades afectadas temen que suceda lo mismo que en 1977 en El Salvador a causa de la Central Hidroeléctrica Cerrón Grande; por dicha construcciónse desplazo a 13.339 habitantes de la zona que se inundaba; o lo que pasó en 1983 con la Central Hidroeléctrica 15 de septiembre, que fueron desplazadas 300 familias.

Según Remberto Nolasco, del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM), la construcción de las represas fracciona comunidades debido al desplazamiento del que son víctimas y esto genera que acciones de intercambio comercial o ayuda entre los pobladores cese e incrementa la pobreza de las familias.

“En el interior de las comunidades pequeñas con algún nivel de homogeneidad cultural se tejen relaciones sociales por medio del comercio, el trueque, el compadrazgo, la religión, el empleo y la producción agropecuaria; las represas rompen estas relaciones históricas socialmente”, dijo el representante de CEICOM.

Los pobladores de la zona norte de San Miguel aseguran que en diversas ocasiones les han asegurado que la represa El Chaparral generará empleos y les ayudará a crecer económicamente. Sin embargo la SIGET en el informe que elaboró bajo la dirección de Tomás Campos, aseveró que esto es posible solo si el gobierno se compromete aobservar que los concesionarios estén dispuestos a pagar de forma justa y a contratar a los lugareños.

“También se dice que por requerir mucha mano de obra permite dar empleos; sin embargo, esto no se logra cuando las empresas constructoras no tienen permisos contractuales con el desarrollador, en los que se les obligue a emplear mano de obra de la zona pero también a pagarles adecuadamente, Estos son aspectos (beneficios) que requieren la observación del Estado”, cita el documento de la SIGET.

En Ese mismo informe Campos aseguraba que “a menudo” los costos sociales, ambientales y económicos pesan más que los beneficios y “por lo tanto, no se justifica la construcción de las represas grandes”.

La razón por la que las represas grandes y en embalses causan fuertes daños es

porque el área de dominio de una represa se extiende de los límites superiores del embalse hasta los esteros, e incluyen el embalse, la represa y la cuenca del río, aguas abajo de la represa.

La construcción en sí causa daños considerables, pero los más graves son aquellos relacionados con las inundaciones de la tierra para formar el embalse y la alteración del caudal del río.

Razones para no permitir las represas

Entre otras razones que exponen los activistas para no permitir la construcción de las represas están, según Mauricio Sermeño, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), es que cuando la vegetación y la fauna sufran los efectos de las inundaciones producirá gas metano, el cual es 23 veces más dañino que el dióxido de carbono.

También temen que suceda lo mismo que ha sucedido en años anteriores con las comunidades del Bajo Lempa, que durante eventos naturales, como la tormenta 12E, sufre las descargas desmedidas de la central 15 de Septiembre, lo que provoca desastres ambientales y humanos, “además de producir cuantiosos gastos que el gobierno no puede asumir”, dijo Sermeño.

Si la represa El Chaparral llegase a culminarse, ante una descarga de emergencia por sobrecargo inundaría la comunidad Aguas Calientes, donde hay aguas termales y de cascadas; los activistas aseguran que esta zona posee un alto potencial de energía geotérmica, de tal manera que calculan que “su potencial energético es más del doble (aproximadamente 120 Mw) de lo que supuestamente generaría la represa de El Chaparral (57 Mw)”.

Por último y en definitiva, según Sermeño, las poblaciones más pobres serían de nueva cuenta las más afectadas.

Represas, minas y Centroamérica

El padre Confesor denunció que la construcción de la represa El Chaparral, como otras en la zona, están pensadas en beneficio de las empresas mineras que han presentadoproyectos de exploración en la zona.

Nolasco afirma que las represas se “han pintado” a lo largo de la historia como un beneficio para los países subdesarrollados pero esto no ha sido así; ahora a las comunidades de la zona norte de San Miguel se les quiere vender la misma idea, pero la duda surge al ver que la electricidad será vendida a las grandes empresas y se teme porque sean en pro de los proyectos mineros.

Se hace la vinculación de las represas hidroeléctricas con las minas por la relativa cercanía que hay entre proyectos mineros y proyectos de represa en la zona norte del país. Actualmente de las 52.022 manzanas agrícolas que hay en San Miguel, 11.214 están concesionadas a empresas mineras, es decir un 21,5 por ciento.

CEICOM afirma que sobre el Río Torola se pretende crear una serie de represas, elllamado Complejo Torola, que abarcará Morazán y San Miguel. Las represas serán identificadas como Carolina, La Honda, Las Marías, Cerro Pando, Las Mesas, Maroma, San Marco y El Sapo.

Actualmente en Centroamérica hay 340 planes de represas, esto dentro del marco Plan Puebla Panamá y son 170 ríos los amenazados.

De los ríos amenazados el 1 por ciento están en El Salvador, 22 por ciento en Panamá, 20 por ciento en Costa Rica, en Belice el 1 por ciento, en Guatemala el 9 por ciento, 11 por ciento en Honduras, 22 por ciento en México y 14 por ciento en Nicaragua.

Mientras que los 340 planes de repesas el cuatro por ciento están en el país, en Belice el uno por ciento, Costa Rica el 13 por ciento, el 14 por ciento en Guatemala, en Honduras el 15 por ciento, Nicaragua 19 por ciento, Panamá 18 por ciento y en México el 15 por ciento.

“Habrá que ver a qué tipo de desarrollo y beneficio para la población de las zonas afectadas se refieren, pues siempre es a las grandes empresas transnacionales a quienes se les beneficia por su poder de adquisición”, dijo Nolasco.