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martes, 12 de noviembre de 2013

Cuestionan pago a constructora pese a fallas en obras chaparral

"Las malas condiciones de la margen derecha son conocidas por el Contratista Astaldi S.p.A. desde la etapa de licitación, ya que fueron incluidos en el informe de Diseño Básico". Así de contundente fue la conclusión a la que llegó la empresa supervisora de los trabajos en El Chaparral y a cuya copia tuvo acceso El Diario de Hoy.
El informe de supervisión que realizaron dos firmas consultoras para la Comisión Ejecutiva Hidroléctrica (Cel), Euroestudios Ingenieros de Consulta e Ingenieros Consultores (Ingetec S.A.), prácticamente refuta los argumentos que dio la empresa italiana para justificar los atrasos en la megaobra y pedir al Estado una millonaria indemnización adicional.
Además, el informe señala otras fallas u omisiones en las que habría incurrido la constructora.
La construcción de la represa se paralizó en 2010 después que se alegó que "la montaña se había movido" por causa de dos tormentas, un argumento que fue descartado posteriormente por las autoridades, pero no se aclaró qué fue lo que sucedió en realidad.
Lo que sí está claro es que en el acuerdo directo al que llegó con la Cel por petición de esta última, la firma italiana dejó sentado que el atraso en los trabajos en El Chaparral se debía a "imprevistos imprevisibles en la margen derecha de la obra" y que los había hecho incurrir en costos por más de $52,3 millones. Pero lo que se cuestiona es que el gobierno decidió pagarle $108.5 millones por una obra inconclusa.
El mismo presidente Mauricio Funes salió a justificar ese pago, argumentando que si no lo hacían se corría el riesgo de ir a un arbitraje que hubiera resultado más caro.
Sin embargo, ese monto es casi la mitad del total que costaría la represa ($219 millones) y para lo cual Astaldi se comprometió a entregar bajo un contrato llave en mano (sin cambiar precio y plazo) en febrero de este año y que debía estar generando 66 megavatios como dice el contrato original.
La empresa ya había recibido un anticipo de $79.8 millones, según consta en los acuerdos para concluir el contrato.
Funes explicó en septiembre pasado que "se le agregaron aproximadamente unos 23 millones más porque era un acuerdo al que se llegó por los daños y perjuicios que se le otorgaban a la empresa como resultaba de renunciar voluntariamente al arbitraje".
Pero el diputado de ARENA, Edwin Zamora, miembro de la subcomisión especial que ve el caso Enel-Cel y asuntos relacionados, cuestiona esa indemnización, sobre todo porque el informe de supervisión bota los argumentos de Astaldi de que fue "una sorpresa total" los problemas de inestabilidad encontrados en la margen derecha del macizo y que fueron recientes e inesperados, por lo que detuvieron los trabajos en la zona de la presa.
Con esos argumentos Astaldi logró la suspensión del contrato con el Estado salvadoreño y que este le pagara $108.5 millones por los trabajos inconclusos de la represa, por los que el gobierno le pagó ese dinero reconociéndole el 38.7 % de avance basándose en un informe de supervisión.
Para el diputado Zamora, este informe de supervisión deja manifiesto que Astaldi ya tenía conocimiento previo de esas fallas desde que concursó en el proceso de licitación. "El tema aquí queda clarísimo en el informe de supervisión que desde el principio se sabía que había que trabajar con el talud debido a las condiciones geológicas de esto", argumentó.
En esta auditoría externa en el que se basa Zamora se exponen algunos comentarios en los que deja sentado que dado el conocimiento previo de las fallas en la margen derecha de la presa que tenía la empresa contratista, debe ser la única responsable de atender esos problemas.
"Bajo ninguna condición debe permitirse un segundo contratista en la obra que tiene como único responsable a Astaldi S.p.A", sugieren los supervisores en su informe.
Cuestionan más detalles
En ese documento también le lanzan varias preguntas a Astaldi, a la que achacan que no entrega el análisis en el que "demuestre que la alternativa presentada es la óptima técnica y programáticamente".
¿Por qué en la margen derecha se hace un reemplazo de material? ¿Por qué no se hace una excavación más amplia en la margen derecha para disminuir la profundidad de la pantalla en concreto?, son dos de las interrogantes que le hacen los supervisores a Astaldi.
También le cuestionan que no haya entregado el análisis donde demuestre que ha solucionado las interrogantes planteadas por su asesor Giovanni Lombardi como el caso de los "posibles movimientos a través de las diferentes capas de arcilla" o cómo "los supuestos movimientos del macizo" afectarán la presa.
Otros señalamientos
Los supervisores también le recuerdan a la empresa constructora de El Chaparral qué cuidados debía tener en la ejecución de los trabajos.
"Las estructuras que se proyecten construir en este sector deberán ser proyectadas cuidadosamente sabiendo que las propiedades de resistencia y deformabilidad no son las mejores".
Pero también le dice que ha realizado una "inadecuada" excavación. Para ello refiere al numeral 6 de ese Diseño Básico en el que dice que las malas condiciones geotécnicas del macizo, agravadas por la inadecuada tarea de excavación y soporte, generaron problemas de estabilidad de la galería de la margen derecha.
Debido a eso, le alertan a Astaldi sobre la necesidad de una planificación adecuada de las obras superficiales y subterráneas que se proyectan construir en ese sector.
Por tanto, los supervisores de la obra insisten que para los constructores no eran desconocidos los problemas geolóticos en la zona.
"De lo anterior se concluye que, era claro para los licitantes que la situación geológica y geotécnica de la margen derecha era extremadamente complicada y desfavorable, como lo menciona el consultor Lombardi, siendo por lo tanto previsible para el Contratista Astaldi".
Siempre haciendo referencia al Diseño Básico denominado Estudios geológicos/geotécnicos y específicamente al mapeo geológico en el área de la presa, banco de préstamo y cantera, en el numeral 2, los supervisores reiteran que las empresas licitantes, entre ellos Astaldi, tenían conocimiento de, por ejemplo, la inestabilidad del estribo derecho al ser excavado sin tratamiento.
Dice primero: "Resaltamos que en la obra, la margen derecha ha sido excavada sin una adecuada planificación, sin considerar taludes estables, ni de algún sistema de soporte, quedando además expuestas a las condiciones climáticas por largo tiempo, todo lo anterior, también puede propiciar la generación de fisuras e inestabilidades".
Y luego remarca: "Esta situación ya ha sido advertida en varias oportunidades al Contratista Astaldi S.p.A".
Los supervisores cuestionan a Giovani Lombardi, a quien identifican como asesor de la constructora, por afirmar que el resultado de la instrumentación de control instalada ha detectado movimientos debido a eventos de lluvia, pero que no entrega documentación técnica que soporte dicha afirmación.
También cuestionan a Lombardi cuando dice que las fallas encontradas en la margen derecha de la presa fueron inesperadas y recientes.
En sus comentarios, consignados en el informe de supervisión, Lombardi dice que ha sido "una sorpresa total" el que se hubieran encontrado con una diferencia entre las dos laderas de apoyo en el sitio de la presa.
Lombardi sugiere "una revisión fundamental del proyecto de la presa", según consignan supervisores.
Pero los auditores le refutan que "no es una sorpresa total" que se hayan encontrado con la diferencia de condiciones , pues esta "era bien conocida desde el Diseño Básico, documento fundamental en el proceso de licitación".
"Las condiciones geológicas del sitio fueron objeto de extensa campaña de investigaciones geológicas y geotécnicas", dice el supervisor y luego detalla todos los estudios hechos en el sitio al tiempo que enfatiza que dada esas características geológicas del sitio, en especial en la margen derecha van a requerir tratamientos de fundación.
Los técnicos señalan que una gran parte del estribo derecho se sitúa sobre terreno que muestra "condiciones inestables".
Y agregan que la contratista Astaldi "debe presentar específicamente qué condiciones no conocía por los documentos contractuales".
Por su parte, Zamora considera que la contratista no cumplió en el proceso de construcción esas recomendaciones de los supervisores como tampoco entregó un diseño definitivo de la obra, a lo que estaba obligada.
"Las recomendaciones de las condiciones geológicas y las recomendaciones de cómo manejar esas condiciones geológicas existían desde antes de la licitación y Astaldi las conoció cuando ofertó", afirma el legislador.
En conclusión, asegura: "el argumento de que esas condiciones son los que llaman a una indemnización adicional de acuerdo a este informe, no son argumentos sólidos".
Astaldi declinó opinar sobre el informe de supervisión y las aseveraciones de Zamora.
 

jueves, 3 de octubre de 2013

Algunos datos sobre hidroléctricas en El Salvador

Algunos datos sobre las hidroeléctricas en El Salvador


Erick Barrera Tomasino.

El Salvador tiene un consumo total de energía de aproximadamente 950MW. La matriz energética de El Salvador se basa principalmente de energía térmica, sin embargo el país no produce petróleo lo que plantea la cuestión de cómo ampliar la generación de energía a partir de fuentes locales reduciendo las importaciones. Según la Política Nacional de Energía elaborado por el CNE (Consejo Nacional de Energía) -entidad encargada de formular y coordinar la política energética nacional- el suministro de energía primaria es de 30% en base a petróleo, geotérmica 27%, leña 27%, residuos vegetales 9% y apenas un 7% es de generación hidro; sin embargo la generación de electricidad se basa principalmente en un 43% de generación térmica, 22% geotérmica y 35% es generada por fuentes hidroeléctricas.
De esa manera las represas hidroeléctricas se presentan como una alternativa “sustentable” para generar más energía y reducir los costes de importación que implica la energía térmica. El aumento de la producción de energía es puesto como elemento base para el desarrollo del país y para la satisfacción de la demanda de la población, la misma política asume que los principales consumidores de electricidad son la industria con 37%, sectores residencial 33% y el sector comercial y gobierno conjuntamente consumen el 30%.
En realidad, la generación eléctrica tiene como objetivo abastecer a los grandes consumidores de energía eléctrica, principalmente la industria (fábricas, parques industriales, para la extracción de minerales, etc.) y para la comercialización de mercancías en grandes supermercados y centros comerciales. En pocas palabras una represa hidroeléctrica es una fábrica de electricidad y la electricidad es una mercancía que se utiliza para producir otras mercancías, explotar la fuerza de trabajo de la clase trabajadora y garantizar la acumulación de riquezas para los capitalistas.
El potencial hidroeléctrico total en El Salvador es de 2,235 MW, la producción de energía anual promedio con potencia hidroeléctrico se estima en 7,624 Gwh/año. Además se justifica el aumento de la generación de la energía con un hipotético crecimiento económico nacional. Veamos algunos datos sobre las fuentes hidroeléctricas existentes y lo que se perfila a futuro.

Centrales existentes

A finales de 2012 se contabilizaban 20 centrales hidroeléctricas con una capacidad instalada total de 507 MW de las cuales 17 son centrales hidroeléctricas menores de 20 MW y otras tres que producen cantidades mayores consideradas como grandes represas, las más importantes están ubicadas sobre el río Lempa, principal afluente que recorre 360.2 km a lo largo del del territorio nacional. El total de la cuenca del río Lempa, en territorio salvadoreño, tiene un área de 5,472 km2 (30% del total del río que también recorre tierras guatemaltecas y hondureñas) .
Las centrales existentes son Cerrón Grande con una capacidad nominal de 172.8 MW y una generación media anual de 488 Gwh, la presa 5 de noviembre con capacidad de 99.4 MW y una generación media de 457.4 Gwh y la 15 de septiembre cuya capacidad es de 180 MW y una media de 605.2 Gwh por año, estas junto a la central Güajoyo que nominalmente tiene una capacidad de 19.8 MW y genera anualmente 64.2 Gwh, son las principales represas que aportan al mercado eléctrico1.

Represa
Potencia nominal
Güajoyo
19.8 MW
Cerrón Grade
172.8 MW
5 de Noviembre
99.4 MW
15 de septiembre
180 MW
PCH
188 MW
Total
487.25 MW


Proyectos futuros de generación hidroeléctrica

Presa El Jobo y Piedra de Toro
Sobre el río Paz, la CEL junto al Instituto de Electrificación de Guatemala (INDE), y con el financiamiento del BCIE, desarrolló estudios en la cuenca hidrográfica de dicho río, la cual es compartida por Guatemala y El Salvador. Sobre este río se proyecta la construcción de las presa El Jobo que podría contar con una capacidad instalada de 60 MW, así como del proyecto hidroeléctrico Piedra del Toro con una capacidad de 50MW.
Se contrató para realizar los “estudios de prefactibilidad de los proyectos hidroeléctricos sobre el rio Paz” a la empresa consultora IBERINSA (Ibérica de Estudios e Ingeniería, S. A.) el cual es financiado por el BCIE.

Proyecto de expansión de la 5 de noviembre
Comprende la instalación de dos unidades generadoras adicionales de 40 MW, es realizado por UDP Consorcio Constructor Expansión 5 de Noviembre, conformado por las sociedades Constructora Queiroz Galvão, S.A. y Andritz Hydro Inepar do Brasil, S.A. Este proyecto es financiado por el BCIE con un monto de $57.7 millones y por el Banco Estatal de Desarrollo Alemán (KfW) con $57.7 millones, además de una donación de la Unión Europea a través del mecanismo LAIF (Latin American Investmen Facility) con un monto de $6 millones.
El proyecto de Expansión consiste en la instalación de 80 MW en una nueva casa de máquinas en los terrenos de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre, con una capacidad de producción anual promedio de 130.34 GWh, y según el plazo contractual las obras finalizarán el 25 de marzo de 2016. 

3a Unidad en el Cerrón Grande
En la presa Cerrón Grande se pretende instalar una tercera unidad con capacidad nominal de 87 MW.

Pequeñas centrales hidroeléctricas
Las pequeñas centrales hidroléctricas se presentan como una alternativa sustentable y con menores impactos sociales y ambientales de lo que producen las grandes. IBERINSA también realizó los “Servicios de consultoría para identificar sitios con potencial para la instalación de pequeñas centrales hidroeléctricas”. Según datos presentados en el documento “Plan Maestro” del CNE,2 a la fecha se han identificado 209 sitios, de los cuales se seleccionaron 123 para desarrollar pequeñas centrales hidroeléctricas (menores de 20 MW) durante el período 2012-2027 cuya capacidad total de generación se ha estimado en 162.7 MW y con una producción total anual de 671.4 Gwh/año.

El Chaparral
Ubicada sobre el río Torola, al nororiente del país, la presa El Chaparral tendría una capacidad instalada de 66.1 MW. La construcción fue iniciada el 5 de enero de 2009 por la empresa italiana Astaldi en 2012 se realizó una evaluación y con un avance del 38.7% de las obras paralizada por encontrase “inestabilidad geológica” en la margen derecha que impidió la continuidad de los trabajos. Al liquidarse el contrato con Astaldi se contrató a Intertechne de Brasil para realizar el diseño detallado de la obra.

El Cimarrón
La presa el Cimarrón se proyecta construir en sobre el rió Lempa al norponiente del país, tendría un capacidad instalada prevista de 261MW. “El 13 de diciembre de 2010 el Consejo Nacional de Energía (CNE) solicitó a CEL desfasar un año la orden de inicio para los servicios de Diseño Detallado de las Obras, debido al rediseño de los aspectos sociales y ambientales” para el diseño se ha contratado al consorcio Intertechne/Geoconsut financiado por el BID y Eletrobrás.
Proyecto
Potencial previsto
Cimarrón
261 MW
Chaparral
66.1MW
PCH
162.7 MW
Expansión 5 de noviembre
80 MW
El Jobo
60 MW
Piedra del Toro
50 MW
3a Unidad Cerrón Grande
87 MW
Total
766.8 MW


Además de estas previsiones se proyecta diversificar la matriz con fuentes de energía fotovoltaica, eólica y se realizan estudios para la generación de energía mareomotriz. De tal manera que en 13 años sólo en generación de energía hidroeléctrica se aumentaría en 279.55 MW de capacidad instalada de energía hídrica sin contar con las otras fuentes que se estudian.

Por ello es importante estudiar la política energética nacional en el marco del modelo económico y la coyuntura internacional, esta cuestión nos daría luces sobre para qué y para quién se produce energía, que en el actual contexto es para satisfacer la demanda del capital al colocarse la energía como una mercancía y no como un bien para la población.


San Salvador, El Salvador. 3 de octubre de 2013.


1Además, al 2010 se contabilizaban dos centrales geotérmicas con capacidad de generación de 204 MW y tres centrales de producción de biomasa con capacidad de generar 104MW.
2 El Plan Maestro sobre energías renovables ha sido elaborado en base a las investigaciones y conclusiones obtenidas de los estudios realizados por el CNE hasta la fecha. Pretende ser un plan indicativo para 15 años desde el 2012 hasta el 2026.

miércoles, 2 de octubre de 2013

Energía geotérmica será el 30% de la matriz en 2019 de El Salvador

(Nota de Diario el Mundo del viernes 31 de mayo del 2013).
 
La empresa de generación eléctrica LaGeo anunció ayer sus planes de ampliar al 30% la participación de la generación geotérmica en la matriz energética del país, para 2019, año en el que esperan tener en funcionamiento dos nuevos pozos geotérmicos, uno en San Vicente y otro en San Miguel.
Actualmente, la geotermia (explotación del calor del suelo) representa el 24% de la electricidad que se produce en el país, aportada por las dos centrales geotérmicas de Ahuachapán y Usulután.
Para la ampliación de la generación a partir de este recurso renovable, LaGeo, junto a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), ya trabaja en dos proyectos: un pozo en Chinameca, San Miguel, y otro en Tepetitán, San Vicente.
Ambos proyectos generarían entre 30 y 40 megavatios (MW) de energía cada uno.
Precisamente ayer, Leopoldo Samour, presidente de CEL, inauguró el pozo llamado SV-5A, de San Vicente, que se convertirá en el tercer campo geotérmico del país.
Las exploraciones en la zona iniciaron en 2004, explicó Samour, y tras encontrar temperaturas del suelo arriba de los 250 grados centígrados, que comprobaron el potencial de generación, se optó por realizar las primeras perforaciones, es decir, los pozos.
“Este nuevo éxito geotérmico permitirá continuar la política de aprovechamiento de recursos renovables de CEL para reforzar la diversificación de la matriz energética del país”, dijo Samour.
Para todo este proceso de estudio técnico, perforación e instalación del primer pozo, han presupuestado $28 millones, inversión que alcanzaría los US$150 millones 
en 2019, cuando se haya montado toda la infraestructura de la plataforma.
“Hemos encontrado el recurso, ahora viene la planeación de la planta y perforación de nuevos pozos”, agregó.
Julio Valdivieso, presidente de LaGeo, señaló que con el pozo SV-5A la empresa espera una ganancia operativa de US$37 millones anuales.
La generación que producirá este campo geotérmico equivale a 289,248 MW/h anuales, esto será suficiente para cubrir el consumo mínimo de energía (100MW/h) de 243.500 familias.
Además, implicará que se dejarán de consumir 385.000 barriles de combustible, un ahorro de US$33 millones y la disminución en la emisión de 211.527 toneladas de CO2 (gases de efecto invernadero).

Avances en Chinameca

El campo de Chinameca es otro pozo que están explorando con éxito, afirmó Samour. Ya se han invertido US$27 millones en los procesos exploratorios y la primera infraestructura.
Los primeros resultados técnicos indican que las condiciones de presión, temperatura, composición química y mezcla de agua a vapor producida y otras características encontradas, son las necesarias para la generación.
El presidente de CEL aclaró que en este proyecto es muy prematuro estimar un potencial de generación, pero dijo que podrían ser similares al de San Vicente.

Amenaza de las hidroeléctricas en mesoamérica

En este reportaje se puede conocer las experiencias de compañeros y compañeras de México y Guatemala con respecto a la situación de la construcción de represas para la generación de energía hidroeléctrica. La situación de violación de derechos de las poblaciones y la alianza entre transnacionales y Estado, como eje común en todos los casos.





Coberturas 2013 / V Encuentro REDLAR

Comunidades amenazadas y afectadas por represas, movimientos sociales, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos de toda América Latina se encontrarán del 6 al 12 de octubre en la comunidad de Retalteco, en el departamento de Petén, Guatemala. 
Se trata del V Encuentro Latinoamericano de la Red Latinoamericana contra represas y por los ríos, sus comunidades y el agua (REDLAR), que viene a realizarse en un contexto de fragilidad para las luchadoras y luchadores sociales que se encuentran defendiendo sus territorios en este continente.
El encuentro se propone debatir la política energética de la región, el derecho a la consulta a los y las amenazadas, el valor de las consultas comunitarias, entre varios otros temas. Además, se dará seguimiento a los planes de integración y se denunciará la criminalización de los procesos de resistencia.

“Una misma estrategia”

Las resistencias a las represas convergirán en un nuevo Encuentro Latinoamericano de la REDLAR

El poblado de Temacapulín, en el estado mexicano de Jalisco, lleva adelante una lucha de resistencia a la construcción de la presa El Zapotillo hace ya ocho años. Ha sido una lucha ardua que ha contado con la solidaridad regional e internacional.
El caso de esta comunidad no difiere prácticamente en nada en comparación con las decenas de casos de diversas comunidades en varios países de América Latina que se pudieron dar a conocer en el Encuentro Nacional del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB, por sus siglas en portugués), realizado a comienzos de septiembre en la ciudad de San Pablo.
Haciendo referencia a estas cercanías, Libertad Díaz del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos MAPDER afirmó, en entrevista con Radio Mundo Real, que existe “un mismo patrón que se ejerce en todos los países, y en casi todas las comunidades afectadas por presas: no se informa, no se consulta, tienen las mismas tácticas de amenazas a las comunidades”, por lo que se hace necesario según ella forjar “una misma estrategia”
La entrevista fue realizada durante el Encuentro Nacional del MAB a través de la Convergencia de Comunicación de los Movimientos Sociales, y en ella la militante mexicana adelantó también lo que será el V Encuentro de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR), que se realizará del 6 al 12 octubre en la comunidad de Retalteco, departamento de Petén, Guatemala.
Radio Mundo Real realizará una cobertura especial del V Encuentro de la REDLAR
 
 

martes, 13 de marzo de 2012

Represas, ¿beneficio para quién?

Por Gloria Morán

Contrapunto

SAN SALVADOR - Parecía un día de feria a las orillas del Río Torola en San Miguel, alrededor de 250 personas estaban reunidas, en el lugar había comida, risas, gritos, chapuzones y música, pero este último elemento denotaba que la reunión no era por algún santo patrón, sino en protesta contra la construcción de la represa hidroeléctrica El Chaparral en ese mismo departamento.

La construcción de la represa el Chaparral inició en octubre de 2008 y los encargados de poner la primera piedra en una de las comunidades afectadas, San Luis La Reyna,fueron el ex presidente de El Salvador por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Elías Antonio Saca y Nicolás Salume, ex presidente de la Comisión EjecutivaHidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

Ese acto terminó de revolver los ánimos de los pobladores, quienes hasta la fecha siguen haciendo acciones de protesta en contra del proyecto de generación de energía eléctrica, por considerar que destruirá el medio ambiente y el medio en el que viven.

Además consideran que la cimentación de la represa pone en peligro eminente de inundación a las comunidades, que no solo afectaría grandemente a la población, sino también hábitat de fauna y flora de esos lugares.

Los pobladores aseguran que difícilmente esa obra los beneficiará, puesto que la negociación y venta de la energía eléctrica será para un mercado regional, para las trasnacionales, y no en beneficio de la gente que vive cerca del proyecto.

La construcción abarca los municipios de Carolina, San Antonio del Mosco y San Luís de la Reina, ubicados al norte del departamento de San Miguel, todos fronterizos con Honduras.

EL proyecto se ubica sobre la cuenca del río Torola, que cuenta con una extensión de1.575 kilómetros cuadrados, de los que 1.018 pertenecen a El Salvador y 557 aHonduras.

En la actualidad el proceso se encuentra detenido porque al parecer hay problemas con el diseño original realizado por la empresa concesionada para la construcción. Según información extraoficial, la empresa habría pedido más dinero al Estado porque hubo errores en el planteamiento inicial de la construcción de la represa y ese diseño debería hacerse nuevamente.

ContraPunto intentó que la CEL explicara en qué punto se encuentra ese pleito y otras cuestiones que se exponen en este reportaje, pero a pesar de que hubo contacto con los responsables de comunicación, que mostraron buena disposición, finalmente no se obtuvo la información.

El temor de los pobladores

Según el padre Antonio Confesor Carballo Hernández, de la parroquia de San Antonio del Mosco, las familias afectadas en gran escala serán 11.000, esta cifra sin contar a los pobladores de otras comunidades aledañas a la zona. Además de 1.200 manzanas que serán inundadas.

“A nosotros la represa nos afecta porque nos quitan las propiedades donde hacemos la milpa, donde echamos la vaquita a pastar; y donde hay un par de vaquitas significa que es el alimento de las familias que sacan queso, leche. El peligro es cuando la construyan y al final decidan. Estamos presionados con la construcción, porque ha habido deforestación, amenazas y miedo”, dijo Estanislao Ayala, un hombre delgado de 55 años de edad.

A decenas y decenas de habitantes de los municipios afectados no les importó caminar hasta dos horas para llegar a la orilla del río Torola y expresar la insatisfacción y el temor que sienten por la construcción de la represa.

Los habitantes han dicho que no usarán la violencia para manifestarse, que no tomarán armas, piedras o palos para correr a la empresa concesionaria de la represa la CEL. Sin embargo usan su creatividad, su poder de organización para decir “no” a la infraestructura que dañará sus tierras y a muchos los hará partir obligados hacia otro lugar.

“La CEL y la construcción no pasarán” “no queremos proyectos de muerte” “viviremos en nuestras tierras y ganaremos la batalla” eran algunas de las frases que contenían las canciones que a todo pulmón entonaban un grupo local; a dicha acción se unían las pancarta que decoraban el lugar en contra de la acción ejecutada por la CEL.

El padre Confesor aseguró que los pobladores de la zona “nunca agarrarán las armas para defender sus ríos y su pueblo”, y añadió que defenderán de forma pacífica la vida de su pueblo, de sus ríos.

“Los campesinos seguimos siendo los afectados y los gobiernos anteriores y éste son unos asesinos”, agregó.

Los activistas denuncian “intimidación, difamación y amenazas por parte de la CEL y la presencia del Ejército” hacia las personas que viven en la comunidades destinadas para la construcción de las represas.

Según la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), los principales derechos violentados en contra de la población de la zona son el derecho a una vida digna, a una vivienda digna, a la salud, a la educación, el derecho a vivir en un medio ambiente sano, entre otros.

Descontentos con Funes

A las orillas de río Torola, una mujer de unos 50 años cuchicheaba entre la multitud y decía que el actual presidente, Mauricio Funes, la ha decepcionado porque él tuvo todo “el poder para detener la obra y se llenó la boca diciendo que no la detendrá”.

El comentario de la habitante de Carolina se debe a las declaraciones de Funes en agosto 2009, cuando aseguró que la construcción de la represa hidroeléctrica El Chaparral continuaría y su gobierno no lo iba a parar.

“La obra no se puede detener, no solo por razones jurídicas, esto nos implicaría una demanda judicial, que perfectamente la empresa, al sentirse afectada en sus intereses, puede proceder internacionalmente a realizarla, sino que también porque necesitamos satisfacer la demanda energética proyectada, y por lo tanto, necesitamos esa represa. Necesitamos 60 megavatios que va a generar El Chaparral y no lo vamos a parar”, dijo Funes en esa ocasión.

Fue en 2009 cuando surgió otra polémica entre la aprobación de Funes a la construcción y la negación del entonces titular de la de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), Tomás Campos.

El descontento de Funes con Campos brotó después de que éste último presentara en junio 2009 el documento: “Análisis sobre la Suspensión Temporal del Proyecto Hidrológico El Chaparral”, en el que se señalaban anomalías en el otorgamiento de la concesión, falta de transparencia en la licitación y contratación de la empresa ASTALDI SpA, deficiencias en el Estudio de Factibilidad y déficit en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de El Chaparral.

Campos se opuso a la construcción de la represa El Chaparral y eso generó fricciones entre él y Funes, quien públicamente había asegurado que pese a la oposición de ambientalistas y pobladores en torno a la presa el proyecto debía seguir.

Unos meses después Campos dejaba de dirigir la SIGET. La razón esgrimida por Funes para relevarle fue la "pérdida de confianza".

Desventajas de las represas en embalses

El proyecto hidroeléctrico estará construido con embalse sobre el río Torola y, según el documento presentado por la SIGET, algunas de las desventajas que tienes es el alto costo, la dependencia de la hidrología (de lluvias), el desplazamiento de la población, lasinundaciones de la tierra y hábitat de la vida silvestre, entre otros. Mismas consecuencias que los pobladores conocen y razón por la cual piden que no continúen con la represa.

Los habitantes las comunidades afectadas temen que suceda lo mismo que en 1977 en El Salvador a causa de la Central Hidroeléctrica Cerrón Grande; por dicha construcciónse desplazo a 13.339 habitantes de la zona que se inundaba; o lo que pasó en 1983 con la Central Hidroeléctrica 15 de septiembre, que fueron desplazadas 300 familias.

Según Remberto Nolasco, del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM), la construcción de las represas fracciona comunidades debido al desplazamiento del que son víctimas y esto genera que acciones de intercambio comercial o ayuda entre los pobladores cese e incrementa la pobreza de las familias.

“En el interior de las comunidades pequeñas con algún nivel de homogeneidad cultural se tejen relaciones sociales por medio del comercio, el trueque, el compadrazgo, la religión, el empleo y la producción agropecuaria; las represas rompen estas relaciones históricas socialmente”, dijo el representante de CEICOM.

Los pobladores de la zona norte de San Miguel aseguran que en diversas ocasiones les han asegurado que la represa El Chaparral generará empleos y les ayudará a crecer económicamente. Sin embargo la SIGET en el informe que elaboró bajo la dirección de Tomás Campos, aseveró que esto es posible solo si el gobierno se compromete aobservar que los concesionarios estén dispuestos a pagar de forma justa y a contratar a los lugareños.

“También se dice que por requerir mucha mano de obra permite dar empleos; sin embargo, esto no se logra cuando las empresas constructoras no tienen permisos contractuales con el desarrollador, en los que se les obligue a emplear mano de obra de la zona pero también a pagarles adecuadamente, Estos son aspectos (beneficios) que requieren la observación del Estado”, cita el documento de la SIGET.

En Ese mismo informe Campos aseguraba que “a menudo” los costos sociales, ambientales y económicos pesan más que los beneficios y “por lo tanto, no se justifica la construcción de las represas grandes”.

La razón por la que las represas grandes y en embalses causan fuertes daños es



porque el área de dominio de una represa se extiende de los límites superiores del embalse hasta los esteros, e incluyen el embalse, la represa y la cuenca del río, aguas abajo de la represa.

La construcción en sí causa daños considerables, pero los más graves son aquellos relacionados con las inundaciones de la tierra para formar el embalse y la alteración del caudal del río.

Razones para no permitir las represas

Entre otras razones que exponen los activistas para no permitir la construcción de las represas están, según Mauricio Sermeño, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), es que cuando la vegetación y la fauna sufran los efectos de las inundaciones producirá gas metano, el cual es 23 veces más dañino que el dióxido de carbono.

También temen que suceda lo mismo que ha sucedido en años anteriores con las comunidades del Bajo Lempa, que durante eventos naturales, como la tormenta 12E, sufre las descargas desmedidas de la central 15 de Septiembre, lo que provoca desastres ambientales y humanos, “además de producir cuantiosos gastos que el gobierno no puede asumir”, dijo Sermeño.

Si la represa El Chaparral llegase a culminarse, ante una descarga de emergencia por sobrecargo inundaría la comunidad Aguas Calientes, donde hay aguas termales y de cascadas; los activistas aseguran que esta zona posee un alto potencial de energía geotérmica, de tal manera que calculan que “su potencial energético es más del doble (aproximadamente 120 Mw) de lo que supuestamente generaría la represa de El Chaparral (57 Mw)”.

Por último y en definitiva, según Sermeño, las poblaciones más pobres serían de nueva cuenta las más afectadas.

Represas, minas y Centroamérica

El padre Confesor denunció que la construcción de la represa El Chaparral, como otras en la zona, están pensadas en beneficio de las empresas mineras que han presentadoproyectos de exploración en la zona.

Nolasco afirma que las represas se “han pintado” a lo largo de la historia como un beneficio para los países subdesarrollados pero esto no ha sido así; ahora a las comunidades de la zona norte de San Miguel se les quiere vender la misma idea, pero la duda surge al ver que la electricidad será vendida a las grandes empresas y se teme porque sean en pro de los proyectos mineros.

Se hace la vinculación de las represas hidroeléctricas con las minas por la relativa cercanía que hay entre proyectos mineros y proyectos de represa en la zona norte del país. Actualmente de las 52.022 manzanas agrícolas que hay en San Miguel, 11.214 están concesionadas a empresas mineras, es decir un 21,5 por ciento.

CEICOM afirma que sobre el Río Torola se pretende crear una serie de represas, elllamado Complejo Torola, que abarcará Morazán y San Miguel. Las represas serán identificadas como Carolina, La Honda, Las Marías, Cerro Pando, Las Mesas, Maroma, San Marco y El Sapo.

Actualmente en Centroamérica hay 340 planes de represas, esto dentro del marco Plan Puebla Panamá y son 170 ríos los amenazados.

De los ríos amenazados el 1 por ciento están en El Salvador, 22 por ciento en Panamá, 20 por ciento en Costa Rica, en Belice el 1 por ciento, en Guatemala el 9 por ciento, 11 por ciento en Honduras, 22 por ciento en México y 14 por ciento en Nicaragua.

Mientras que los 340 planes de repesas el cuatro por ciento están en el país, en Belice el uno por ciento, Costa Rica el 13 por ciento, el 14 por ciento en Guatemala, en Honduras el 15 por ciento, Nicaragua 19 por ciento, Panamá 18 por ciento y en México el 15 por ciento.

“Habrá que ver a qué tipo de desarrollo y beneficio para la población de las zonas afectadas se refieren, pues siempre es a las grandes empresas transnacionales a quienes se les beneficia por su poder de adquisición”, dijo Nolasco.