Contenido: resistencia y soberanía
Á R E A D E I N V E S T I G A C I Ó N Y M O N I T O R E O
San Salvador, 09-2008
La estrategia hegemónica de las potencias industrializadas responde al objetivo fundamental de ejercer el control sobre los recursos naturales (agua, biodiversidad, petróleo, gas natural, tierra, y energía), para ello integran tres elementos: los Tratados de Libre Comercio (TLC), los megaproyectos de inversión y la militarización.
Los TLC son instrumentos que legitiman jurídicamente la estrategia hegemónica, en tanto tratados internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa, se convierten formalmente en ley de la República, ubicándose por debajo de la Constitución, pero por encima de toda la legislación secundaria de los países.
Los contenidos de los TLC crean un marco jurídico permisivo para las corporaciones transnacionales a partir del cual se legaliza la apropiación y el control de los recursos productivos. A manera de ejemplo, el capítulo de Propiedad Intelectual del CAFTA-DR legitima los ejercicios de biopiratería, en la medida en permite a las empresas dedicadas a la bioprospección que puedan apropiarse de los recursos de biodiversidad de la región centroamericana.
Esto porque dicho capítulo, obliga a los Estados Partes a ratificar el Convenio UPOV-91 y del
Tratado de Budapest, a partir de los cuales se permite a los obtentores vegetales patentar nuestras especies vegetales, así como los bancos de microorganismos.
Los megaproyectos de inversión, impulsados por las Instituciones Financieras Internacionales, los bancos regionales, la Corporación de la Cuenta del Milenio y los gobiernos del continente, tienen el propósito de crear la infraestructura económica necesaria para el eficiente funcionamiento de las corporaciones transnacionales que operan en la región.
En este marco se implementan de manera simultánea en el norte, el centro y el sur de América
tres iniciativas que integran un abanico de megaproyectos articulados desde la perspectiva de
seguridad nacional del gobierno de los Estados Unidos, y financiada con recursos públicos provenientes del presupuesto nacional o préstamos: el Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), el Plan Puebla Panamá y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).
La estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos trasciende del Los “megaproyectos” en la estrategia de control de los recursos naturales clásico enfoque de la “defensa del territorio”,
pues integra como elementos fundamentales a los TLC y a un conjunto de iniciativas en todo el hemisferio a fin de crear las condiciones de infraestructura que faciliten el funcionamiento de las empresas transnacionales; con el propósito supremo de garantizarles el acceso y control sobre
los recursos naturales: el agua, la biodiversidad, el gas natural, el petróleo, los minerales (metálicos y no metálicos) y la tierra misma.
Tanto en la ASPAN, el PPP, como la IIRSA se incluyen un conjunto de megaproyectos, como la construcción de súper-carreteras y canales secos interoceánicos, así como la construcción de
puertos y aeropuertos, de manera que puedan facilitarse la circulación de las mercancías y reducir los costes de transporte. La posición centroamericana resulta estratégica para los intereses hegemónico, por constituir un puente entre los dos bloques económicos mundiales: Europa y Asia, sobre todo ante la posibilidad del trazado de un canal seco interoceánico que sustituya el paso a través del Canal de Panamá, y que suponga una significativa reducción de los costes de transporte.
También se incluyen entre los megaproyectos la construcción de redes de canales y tuberías que atraviesan las fronteras de los países para trasladar el agua, la construcción de puertos, presas y represas; así como los corredores biológicos, como el mesoamericano.
Como se constata en el caso salvadoreño, el trazo de los proyectos de construcción de carreteras
(Longitudinal del Norte, 318 kms.) está determinado en función de intereses estrictamente económicos y no en función del desarrollo y la reducción de la pobreza de los municipios que son
atravesados. Este trazo carretero coincide con la mayoría de proyectos de exploración y explotación de minería metálica en El Salvador, el proyecto de exploración de uranio en Guatemala, los proyectos de desarrollo turístico de la zona norte, la ubicación de las presas y los proyectos de represas contemplados en el PPP; con el agravante que el trazado de la misma se proyecta a través de la cuenca alta del Río Lempa, principal fuente de abastecimiento de agua del país.
Las tres iniciativas hemisféricas de los megaproyectos de inversión encuentran en los Tratados de Libre Comercio (TLCAN, CAFTA-DR y TLC andinos, respectivamente) el complemento perfecto para culminar la estrategia corporativa que les permita avanzar en el control de los recursos naturales de la región y culminar el proceso de privatización de los servicios públicos y servicios de utilidad pública que se encuentran en proceso.
El proceso de militarización en la región responde a una nueva concepción de la estrategia de seguridad nacional, al conjugarse con los TLC y los megaproyectos con el propósito de garantizar por la vía coercitiva el control sobre los recursos naturales.
En este sentido, la militarización representa el componente represivo de la estrategia de dominación, y que en los últimos años se ha apuntalado con la aprobación de leyes anti-terroristas y anti-pandillas en los países de la región, a partir de las cuales se legitima jurídicamente la represión de la oposición y el disenso, a partir del pretexto de luchar contra el terrorismo y el crimen organizado.
Vale señalar que en la concepción de la defensa del territorio, el gobierno de los Estados Unidos lleva implícita una ampliación de su perímetro defensivo, rebasando sus fronteras y extendiéndolo a una región que va desde el extremo norte de Canadá, el Océano Ártico, hasta el extremo sur de México, la frontera con Guatemala y Belice.
En la región centroamericana, y particularmente en El Salvador, se constata una marcada tendencia hacia la militarización que se expresa en la implementación de grupos de tarea conjunta del Ejército y la Policía Nacional Civil, el funcionamiento de la base de monitoreo contra el narcotráfico de Comalapa, el establecimiento de la Law Enforcement Academies (ILEA) y la coordinación de los ejércitos de la región y de los Estados Unidos en acciones de reacción inmediata ante amenazas de terrorismo.
Los TLC son instrumentos que legitiman jurídicamente la estrategia hegemónica, en tanto tratados internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa, se convierten formalmente en ley de la República, ubicándose por debajo de la Constitución, pero por encima de toda la legislación secundaria de los países.
Los contenidos de los TLC crean un marco jurídico permisivo para las corporaciones transnacionales a partir del cual se legaliza la apropiación y el control de los recursos productivos. A manera de ejemplo, el capítulo de Propiedad Intelectual del CAFTA-DR legitima los ejercicios de biopiratería, en la medida en permite a las empresas dedicadas a la bioprospección que puedan apropiarse de los recursos de biodiversidad de la región centroamericana.
Esto porque dicho capítulo, obliga a los Estados Partes a ratificar el Convenio UPOV-91 y del
Tratado de Budapest, a partir de los cuales se permite a los obtentores vegetales patentar nuestras especies vegetales, así como los bancos de microorganismos.
Los megaproyectos de inversión, impulsados por las Instituciones Financieras Internacionales, los bancos regionales, la Corporación de la Cuenta del Milenio y los gobiernos del continente, tienen el propósito de crear la infraestructura económica necesaria para el eficiente funcionamiento de las corporaciones transnacionales que operan en la región.
En este marco se implementan de manera simultánea en el norte, el centro y el sur de América
tres iniciativas que integran un abanico de megaproyectos articulados desde la perspectiva de
seguridad nacional del gobierno de los Estados Unidos, y financiada con recursos públicos provenientes del presupuesto nacional o préstamos: el Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), el Plan Puebla Panamá y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).
La estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos trasciende del Los “megaproyectos” en la estrategia de control de los recursos naturales clásico enfoque de la “defensa del territorio”,
pues integra como elementos fundamentales a los TLC y a un conjunto de iniciativas en todo el hemisferio a fin de crear las condiciones de infraestructura que faciliten el funcionamiento de las empresas transnacionales; con el propósito supremo de garantizarles el acceso y control sobre
los recursos naturales: el agua, la biodiversidad, el gas natural, el petróleo, los minerales (metálicos y no metálicos) y la tierra misma.
Tanto en la ASPAN, el PPP, como la IIRSA se incluyen un conjunto de megaproyectos, como la construcción de súper-carreteras y canales secos interoceánicos, así como la construcción de
puertos y aeropuertos, de manera que puedan facilitarse la circulación de las mercancías y reducir los costes de transporte. La posición centroamericana resulta estratégica para los intereses hegemónico, por constituir un puente entre los dos bloques económicos mundiales: Europa y Asia, sobre todo ante la posibilidad del trazado de un canal seco interoceánico que sustituya el paso a través del Canal de Panamá, y que suponga una significativa reducción de los costes de transporte.
También se incluyen entre los megaproyectos la construcción de redes de canales y tuberías que atraviesan las fronteras de los países para trasladar el agua, la construcción de puertos, presas y represas; así como los corredores biológicos, como el mesoamericano.
Como se constata en el caso salvadoreño, el trazo de los proyectos de construcción de carreteras
(Longitudinal del Norte, 318 kms.) está determinado en función de intereses estrictamente económicos y no en función del desarrollo y la reducción de la pobreza de los municipios que son
atravesados. Este trazo carretero coincide con la mayoría de proyectos de exploración y explotación de minería metálica en El Salvador, el proyecto de exploración de uranio en Guatemala, los proyectos de desarrollo turístico de la zona norte, la ubicación de las presas y los proyectos de represas contemplados en el PPP; con el agravante que el trazado de la misma se proyecta a través de la cuenca alta del Río Lempa, principal fuente de abastecimiento de agua del país.
Las tres iniciativas hemisféricas de los megaproyectos de inversión encuentran en los Tratados de Libre Comercio (TLCAN, CAFTA-DR y TLC andinos, respectivamente) el complemento perfecto para culminar la estrategia corporativa que les permita avanzar en el control de los recursos naturales de la región y culminar el proceso de privatización de los servicios públicos y servicios de utilidad pública que se encuentran en proceso.
El proceso de militarización en la región responde a una nueva concepción de la estrategia de seguridad nacional, al conjugarse con los TLC y los megaproyectos con el propósito de garantizar por la vía coercitiva el control sobre los recursos naturales.
En este sentido, la militarización representa el componente represivo de la estrategia de dominación, y que en los últimos años se ha apuntalado con la aprobación de leyes anti-terroristas y anti-pandillas en los países de la región, a partir de las cuales se legitima jurídicamente la represión de la oposición y el disenso, a partir del pretexto de luchar contra el terrorismo y el crimen organizado.
Vale señalar que en la concepción de la defensa del territorio, el gobierno de los Estados Unidos lleva implícita una ampliación de su perímetro defensivo, rebasando sus fronteras y extendiéndolo a una región que va desde el extremo norte de Canadá, el Océano Ártico, hasta el extremo sur de México, la frontera con Guatemala y Belice.
En la región centroamericana, y particularmente en El Salvador, se constata una marcada tendencia hacia la militarización que se expresa en la implementación de grupos de tarea conjunta del Ejército y la Policía Nacional Civil, el funcionamiento de la base de monitoreo contra el narcotráfico de Comalapa, el establecimiento de la Law Enforcement Academies (ILEA) y la coordinación de los ejércitos de la región y de los Estados Unidos en acciones de reacción inmediata ante amenazas de terrorismo.
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