MISION INTERNACIONAL DE OBSERVACION DE DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA
Guatemala, 14 de Octubre de 2013
INFORME
En el marco del V Encuentro
Latinoamericano de la “Red de Afectados por Represas y en Defensa de los
Ríos, sus Comunidades y el Agua” (REDLAR), realizado en la comunidad de
Retalteco, Departamento del Peten en Guatemala, del 9 al 12 de Octubre
del presente año, se llevó a cabo una Misión Internacional de
Observación de Derechos Humanos compuesta por 80 delegadas y delegados
representantes de 45 organizaciones y redes provenientes de 14 países de
América Latina, entre ellos: Argentina, Belice, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, México,
Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
El objetivo de esta Misión Internacional
ha sido verificar las denuncias sobre las violaciones a los derechos
humanos cometidas contra la población indígena y campesina de los
Departamentos de Huehuetenango, Quiché, Baja Verapaz y Petén en el
Estado de Guatemala. Como resultado, la Misión Internacional ha
elaborado este Informe que contiene un conjunto de recomendaciones para
atender las demandas y necesidades de las poblaciones afectadas en esta
región a causa de los megaproyectos de represas y minería.
CONTEXTO
A pesar de los procesos de paz de 1996 en
relación con el conflicto armado interno, las comunidades indígenas de
Guatemala continúan siendo agredidas y violentadas en sus derechos y
dignidad. La causa de ello puede encontrarse en la relación inseparable
entre el capital y el poder político. Esta relación ha prosperado al
amparo del modelo económico neoliberal que esta Misión Internacional
entiende como la promoción y protección desde las instituciones del
Estado de la lógica de reproducción, acumulación y centralización del
capital tanto nacional como trasnacional.
Bajo el falso discurso del progreso y del
desarrollo, esta relación ha hecho posible que las agendas de las
instituciones del Estado de Guatemala sean diseñadas e impuestas por
influyentes grupos económicos no sometidos al examen crítico de la
sociedad guatemalteca en general, y de las comunidades indígenas que
constituyen el 60% del total de la población en particular,
profundizando con ello la crisis socioambiental causada por la
extracción de agua y otros bienes comunes naturales. Los políticos
guatemaltecos, en definitiva, no responden a las demandas de la sociedad
sino a las necesidades del capital y la oligarquía nacional e
internacional.
En este contexto, la gran mayoría de los
procesos de extracción en Guatemala están ocurriendo en territorios
indígenas cuya gestión histórica de las tierras suele ser colectiva. No
obstante el régimen de protección internacional a que están sujetos
estos grupos continúan siendo frecuentes las incursiones de agentes del
Estado y de las corporaciones a los territorios de extracción. En
nuestra opinión, lo que subyace a esta realidad es el control de los
bienes comunes naturales que, desde la racionalidad instrumental propia
del sistema capitalista, son relevantes sólo en la medida en que sirven
de medio para alimentar un modelo de desarrollo que les permite generar
enormes ganancias económicas al tiempo que profundiza las desigualdades
sociales y daña irremediablemente los ecosistemas. Todo esto está dando
lugar a la aparición de luchas de resistencia y construcción de
alternativas.
RESULTADOS DE LA OBSERVACION
La Misión Internacional tuvo la
oportunidad de visitar en el Departamento de Huehuetenango los
municipios de Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán y Barillas; en el
Departamento del Quiché el municipio de Ixcán; en el de Baja Verapaz,
las comunidades de Ribacó y Peña del Angel del municipio de Purulha, y
en el Departamento del Petén la comunidad Cooperativa La Técnica
Agropecuaria del municipio de Las Cruces. Durante las visitas, la Misión
Internacional pudo reconocer los escenarios del conflicto y recabar
información de las diversas violaciones a los derechos humanos en esta
región a través de entrevistas directas con testigos, autoridades
locales y población en general.
En torno al Proyecto Hidroeléctrico
Qambalam de la empresa española “Hidro Santa Cruz” -cuya inversión total
supera ampliamente el presupuesto anual de la municipalidad de
Barillas- esta Misión Internacional constató la gran oposición que ha
generado entre las poblaciones potencialmente afectadas provocando
diversos incidentes de violencia cuyo pináculo ocurrió el 28 de
septiembre pasado en el contexto de una manifestación pacífica por parte
de ciudadanos opositores.
De acuerdo con diversos testimonios, la
policía se excedió en el ejercicio de sus funciones al dispersar la
protesta que se desarrollaba de manera legal y pacífica en contra del
megaproyecto Qambalam en el municipio de Barillas. El ataque de las
fuerzas de seguridad -con lujo de violencia y gases lacrimógenos entre
otros métodos de coacción- no se circunscribió sólo a los manifestantes.
Quienes presenciaron los hechos relataron a los miembros de esta Misión
Internacional que la violencia se extendió hacia sectores de la
población civil entre quienes se encontraban niños, mujeres y ancianos.
Por el impacto que supone a la vida de las personas, los testimonios han
enfatizado de manera especial los allanamientos ocurridos a domicilios
particulares.
En la actuación violenta de las
autoridades, estas detuvieron arbitrariamente y en un auto no balizado-
al defensor de los derechos humanos, luchador social y miembro de la
resistencia pacifica de Posa Verde Maynor López, lo que provocó la
reacción de pobladores de los municipios de Santa Eulalia, San Mateo
Ixtatán y Nenton, la violencia posterior por parte de las autoridades.
Desde el 28 de septiembre hasta el día de
la visita de esta Misión Internacional, los pobladores de los tres
municipios del Departamento de Huehuetenango han podido reconocer
efectos ulteriores vinculados a las amenazas, la intimidación, la
represión y en general la violencia perpetrada hacia la población.
Mientras en los niños y las niñas se registran deserciones y falta de
rendimiento en la escuelas, las mujeres están presentando cuadros de
estrés pos-traumático así como otras afecciones en su salud mental. En
un caso, incluso, la tensión y el miedo provocaron la muerte de Eulalia
Pascual Ramón, quien además se encontraba embarazada. En este sentido,
la población fue enfática al manifestarnos temor por su vida pues la
incursión de helicópteros y los gases lacrimógenos les recuerdan los
tiempos del conflicto armado interno.
En general, el conflicto en torno al
Proyecto Hidroeléctrico Qanbalam ha suscitado graves violaciones a los
derechos humanos. A su paso por los territorios Qanjobales de Guatemala,
“Hidro Santa Cruz” y el gobierno guatemalteco han generado un ambiente
de persecución, encarcelamientos, heridos y, desafortunadamente,
homicidios, como es el caso del asesinato de Andrés Francisco Miguel el
primero de mayo de 2012. Todo ello a pesar de la amplia oposición al
proyecto expresada en la Consulta de Buena Fe llevada a cabo por la
propia comunidad -con la participación de 46,500 pobladores de los
cuales más del 95% rechazó el proyecto.
Durante la visita al Ixcán, Departamento
del Quiché, esta Misión Internacional observó una fuerte resistencia de
la población en contra el Proyecto Hidroeléctrico Xalalá. De acuerdo con
las entrevistas que realizamos, la población potencialmente afectada
nunca han sido oportuna ni debidamente informadas por parte de la
empresa o del gobierno. Adicionalmente, los pobladores testimonian las
constantes intentos de incursión de los promotores del proyecto
hidroeléctrico para infiltrase en los territorios y obtener fotografías
para los estudios técnicos del proyecto. Así mismo, nos han denunciado
que agentes e instituciones del gobierno principalmente del INDE han
emprendido una campaña para dividir a las comunidades con el objetivo de
legitimar el proyecto hidroeléctrico. Los distintos medios de
comunicación privados son los otros instrumentos que el gobierno y las
empresas utilizando para promocionar y justificar las hidroeléctricas
como proyectos que aportan desarrollo para todos, energía a bajo costos
para todos y empleo para el pueblo y otros supuestos beneficios, y
provocan miedo a la población argumentando falsedades al afirmar que al
no construirse hidroeléctricas, habrá crisis de energía en Guatemala.
En otras de nuestras visitas, esta Misión
Internacional recorrió las comunidades de Peña del Angel y Riva-Co, en
el municipio de Purulha, Departamento de Bajo Verapaz donde sostuvimos
reuniones tanto con representantes comunitarios como con la población en
general. De acuerdo con ello, la principal problemática expuesta es la
construcción de las represas impulsadas por las empresas “Hidro Sulin”
S.A en el Río Peña del Angel y “Fuerza Hídrica” en el Río Wachabajo y
Río Riva-o, las cuales han sido rechazas categóricamente por los
habitantes de esas poblaciones. En estos casos, los pobladores
manifestaron que sin una consulta de por medio, se han iniciado la
construcción de megaproyectos. Así mismo, nos hicieron saber que a
través de engaños y manipulación, la empresa “Hidro Sulin” adquirió
tierras en la comunidad de Peña del Ángel para la construcción de
infraestructura y el traslado de materiales, equipo y personal técnico.
Estas obras han causado impactos socioambientales en la región.
Por su parte, la empresa “Fuerza Hídrica”
no ha presentado una evaluación de impacto ambiental en relación con la
represa que se esta construyendo para que se discuta con las
comunidades afectadas. Por otro lado, supuestos empleados de la empresa
han suspendido el abastecimiento de agua a la comunidad de Riva-Co desde
el mes de septiembre de este año, como una medida de presión hacia esta
comunidad opositora. Igualmente, esta oposición ha generado que
comunidades vecinas aliadas a la empresa tengan una actitud agresiva
contra la comunidad Riva-co. De acuerdo con versiones de habitantes de
la comunidad de Riva-co, la empresa “Fuerza Hídrica” ha interpuesto dos
denuncias penales contra habitantes de Riva-co como otra medida de
presión.
La Presa Sacja ha sido construida en el
área de Sierra las Minas. Esta causa daños irreparables en los
ecosistemas y en la economía de los habitantes, causado por la reducción
del cause del río que ha llegado al 10% de su caudal.
Por último, visitamos la comunidad
Cooperativa La Técnica Agropecuaria, ubicada en las márgenes del Río
Usumacinta. La Técnica forma parte de las comunidades que serían
afectadas por los proyectos hidroeléctricos del Usumacinta que
impactarían con la inundación de tierras, de sitios sagrados, bellezas
naturales, de biodiversidad y sus tierras de cultivo. Cabe señalar que
el municipio de Las Cruces llevó a cabo su consulta comunitaria en el 28
de abril de 2012 donde más del 90% manifestó su rechazo a la
construcción de las represas en el Usumacinta, de los cuales no han sido
consultados ni informados.
CONCLUSIONES
Por los testimonios recabados así como
por las fotografías, videos y documentación a los que tuvimos acceso
durante nuestros recorridos, esta Misión Internacional está convencida
de que en los procesos relacionados con la promoción y construcción de
represas hidroeléctricas en los territorios visitados, el gobierno de
Guatemala y las empresas involucradas violan sistemáticamente los
derechos humanos de comunidades indígenas.
El conjunto de derechos humanos violados
no sólo incluyen los derechos civiles y políticos en lo que toca a la
seguridad personal y jurídica, la libertad de expresión, manifestación y
tránsito, el acceso a la información, el derecho a la consulta y el
derecho a participar en condiciones de equidad en los planes de
desarrollo sino que, por la naturaleza de los proyectos hidroeléctricos,
las afectaciones se han extendido hacia el conjunto de derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales entre los que hemos
logrado identificar el derecho a la salud en todas sus dimensiones, el
derecho a la vivienda, al trabajo, a la alimentación, a la educación, al
agua, a la cultura, a la tierra y a un medio ambiente sano. De igual
modo hemos constatado que la actuación de las autoridades y el modo de
operar de las empresas viola derechos de grupos vulnerables específicos
como los derechos de los niños y niñas, los derechos de las mujeres y
los derechos de los pueblos indígenas así como el derecho a la paz.
La Misión Internacional concluye que ni
el gobierno ni las empresas inversoras, ya sean nacionales o
transnacionales, cuentan con la licencia social necesaria para la
implementación de hidroeléctricas, minas u otro tipo de megaproyectos en
los territorios visitados. Ello ha quedado patente en las diversas
Consultas Comunitarias de Buena Fe en donde la gran mayoría de la
población se ha pronunciado en contra de los proyectos que afectan sus
vidas y territorios. A pesar de ello, tanto el Capital y el Poder
Político insisten en llevarlos a cabo por la vía de la imposición, la
corrupción, la ilegalidad y la violencia. Esta Misión Internacional
constata un patrón sistemático de violación a los derechos humanos
deliberado y al servicio de los intereses de las empresas inversoras.
Por todo lo anterior, esta Misión
Internacional sostiene que el Gobierno de Guatemala no solo ha hecho
caso omiso de las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas del
2000, sino que ha violado en estas regiones los siguientes Convenios,
Pactos y Protocolos sobre Derechos Humanos de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) signados por el Estado de Guatemala:
1) La Declaración Universal de los Derechos Humanos;
2) La Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos;
3) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
4) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
5) La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas;
6) El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes;
7) La Convención sobre los Derechos del Niños;
8) La Convención Americana sobre los Derechos Humanos;
9) El Protocolo Internacional a los
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 Relativo a la Protección
de las Víctimas de los Conflictos Armados sin Carácter Internacional
(Protocolo II)
10) Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de Belém do Pará-.
11) El Protocolo de San Salvador de la OEA.
RECOMENDACIONES
Luego de su visita a los territorios señalados, esta Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos recomienda:
I. La cancelación definitiva de los
proyectos de represas y minería, así como la salida inmediata de las
empresas de los territorios de extracción ya que no cuentan con licencia
social por parte de las comunidades;
II. El cese inmediato a la militarización del territorio y a la violencia contra las comunidades en resistencia civil pacífica;
III. La reparación suficiente y culturalmente apropiada de los daños en sus diversas modalidades:
* Indemnización por parte del gobierno y las empresas involucradas por los daños causados por estos conflictos.
* Reparación integral de los daños
psicológicos, económicos, culturales, ambientales, de salud, entre otros
referentes a sus derechos humanos.
* Hacemos eco de las demandas de la
población afectada en el sentido de exigir las disculpas públicas por
parte del gobierno guatemalteco por la violación a los derechos humanos
por parte de las empresas privadas involucradas en estas violaciones; de
las representaciones de Naciones Unidas en Guatemala por su silencio y
omisión pese a tener conocimiento del conflicto; y del gobierno de
España toda vez que sus representaciones diplomáticas en el país no han
evitado la violación de los Derechos Humanos de las empresas españolas.
IV. Elevar la denuncia de violaciones a
los derechos humanos al sistema universal de protección de la
Organización de las Naciones Unidas, así como al sistema regional de la
Organización de los Estados Americanos;
V. La presencia de los relatores
correspondientes de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos y
en especial de los Derechos Indígenas;
VI. El retiro inmediato del
financiamiento de la Banca Multilateral y privada a los proyectos
involucrados en la violación de derechos humanos;
VII. No considerar estos proyectos como
Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) pues además de que no cuentan con
los requisitos necesarios para ello son una falsa solución al reto que
supone el Cambio Climático;
VIII. Que el Estado Guatemalteco
garantice los mecanismos, a través de instrumentos adecuados y
verificables, para la protección de los Derechos Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales y de los Pueblos Indígenas;
IX. Que se suspenda la criminalización,
persecución, hostigamiento, amenazas, órdenes de aprehensión a lideres
comunitarios y defensores y defensoras de los derechos humanos. Así
mismo, que se libere de manera inmediata a quienes se encuentran presos a
causa de la defensa de los derechos humanos.
X. Suspender de manera inmediata la militarización y presencia policiaca que haya generado estos conflictos en la región;
XI. La aceptación del caso “Barillas” por parte de la Organización Amnistía Internacional;
XII. Respeto y reconocimiento a las
decisiones de los pueblos determinadas en las consultas comunitarias de
buena fe donde se rechazaron en consenso los megaproyectos.
XIII. Que se finquen responsabilidades
administrativas y penales a las autoridades y funcionarios de las
empresas privadas que hayan cometido violación a los Derechos Humanos;
XIV. Cumplimiento de las recomendaciones
que hiciera el Relator para los Derechos de los Pueblos de Indígenas de
las Naciones Unidas sobre el tema;
XV. El respeto a las autoridades municipales y comunitarias por ser representativas, legítimas y legales;
XVI. Garantizar la adecuada asistencia a la salud y acompañamiento psicosocial a la población afectada.
Firmamos:
* Por Argentina. Organización Piuké de Bariloche Patagonia, Asociación Civil Nativos y Grupo Ecologista Cuña Pirú;
* Por Belice. Institute of Enviromental Law and Policy;
* Por Brasil. Movimiento de Afectados por las Represas (MAB);
* Por Chile. Patagonia sin Represas Chile, Coordinadora Regional Anti Represas de la Región de Aysén;
* Por Colombia. Movimiento Ríos Vivos, Asociación Campesina Agroecológica de la Región de Boquerón;
* Por Ecuador. Acción Ecológica, Red de Ecologistas Populares;
* Por El Salvador. Fundación
Promotora de Cooperativas (FUNPROCOOP), Movimiento Nacional Anti
Represas de El Salvador (MONARES), Colectivo Ríos Vivos, Colectivo de
Energía, Centro de Tecnologia Apropiada (CESTA)/Amigos de la Tierra El
Salvador, Coordinadora Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC)/CLOC
Vía Campesina, Comunidad Octavio Ortiz en el Bajo Lempa, Movimiento de
Víctimas, Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y Corporaciones
(MOVIAC), Fundación Promotora de Cooperativas, Coordinadora del Alto
Lempa (CORAF-CIMARRON);
* Por Estados Unidos. Red de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA);
* Por Honduras. Coordinadora Ambiental de Occidente, Acción Popular Hondureña (ACPH), Vía Campesina Honduras, Red Ambientalista;
* Por México. Movimiento Mexicano
de Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), Otros
Mundos/Amigos de la Tierra México, Acción Colectiva Socioambiental, Bios
Iguana, Colectivo Hijos de la Tierra, Sociedad Civil Las Abejas de
Acteal, Consejo Intercomunitario de la Cuenca del Río San Pedro, Comité
Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Instituto Mexicano para el
Desarrollo Comunitario A.C., Consejo de Pueblos en Defensa del Río
Verde, Servicios por una Educación Alternativa A.C. (EDUCA), La Asamblea
Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental (Lavida), Centro de
Derechos Humanos Toaltepeyolo, Consejo de Comunidades Unidas de Centla,
Agenda MX Veracruz, Casa Jaguar de Madera, Central de Organizaciones
Campesinas y Populares (COCYP Chiapas), Cooperativa Nueva Luna
Chiapaneca, Fundación ENBIT, Koman Ilel, Red Mexicana de Afectados por
la Minería (REMA);
* Por Panamá. Red Nacional para la
Defensa del Agua, Movimiento 10 de Abril para la Defensa del Río
Tabasará, Asociación Ambientalista de Chiriquí, Coordinadora para la
Defensa de las Tierras y Aguas de Cocle, Alianza Ambientalista Pro
Defensa Unidos por Panamá, Red Nacional de Defensores del Agua,
Colectivo Voces Ecológicas;
* Por Paraguay. Organización Fedayim, Sobrevivencia/Amigos de la Tierra Paraguay;
* Por Perú. Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC);
* Por Uruguay. Radio Mundo Real/Amigos de la Tierra Internacional;
* Redes Regionales. Movimiento
Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), Convergencia de
Movimientos de los Pueblos de las Américas (COMPA), Red Latinoamericana
contra las Represas y en Defensa de los Ríos sus Comunidades y el Agua
(REDLAR), Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe (ATALC) de la
Federación Amigos de la Tierra Internacional, Collectif Guatemala
(Francia).
