“Los que tienen que buscar las alternativas al modelo hidroeléctrico son ellos (gobiernos y empresas transanacionales), porque son ellos justamente los que ahora obtienen todas las ganancias”, sentenció en una entrevista con Radio Mundo Real la activista Raquel Cruz, de la organización ambientalista Cesta – Amigos de la Tierra El Salvador.
Desde esa perspectiva, la alternativa que manejan las organizaciones sociales es lisa y llanamente “no a las represas”, ya que “no es posible” que pretendan “trasladarnos una responsabilidad que es de los gobiernos”.
“Que inviertan en investigaciones para buscar energías más saludables. No nos van a trasladar la responsabilidad a las comunidades indígenas y campesinos. Sería injusto que ellas tengan que pensar en las alternativas. Hay otro tema a cambiar que son los patrones de consumo y eso sólo es posible con políticas de Estado”, afirmó Cruz.
La energía que producen las megarepresas son para la “venta al exterior” y para el “consumo de las grandes trasnacionales”, a pesar de que se pretenden justificar con el argumento que atenderán las necesidades nacionales, señaló la representante de Cesta-Amigos de la Tierra.
El grupo salvadoreño participó en el IV Encuentro de la Red Latinoamericana de Afectados por Represas, en Colombia, y en ese marco denunció la situación que se vive con los 17 proyectos hidroeléctricos que están en marcha en ese país, entre ellos los de El Chaparral, El Cimarrón y El Tigre (que afectará el sur de Honduras y el norte de El Salvador).
En El Salvador se conformó un Movimiento Nacional Antirepresas y Minería, que ha realizado importantes movilizaciones y campañas de información en los últimos tiempos. Cruz dijo a Radio Mundo Real que en el caso de El Chaparral solamente por el embalse serán afectadas más de 25 mil personas, eso sin estimar “lo que sucede río abajo”.
Con la construcción de El Cimarrón serán más un millón las personas afectadas, ya que las obras impactarían sobre el principal río salvadoreño; mientras que en el caso de El Tigre se estaría generando un conflicto ambiental de dimensiones binacionales.
Desde esa perspectiva, la alternativa que manejan las organizaciones sociales es lisa y llanamente “no a las represas”, ya que “no es posible” que pretendan “trasladarnos una responsabilidad que es de los gobiernos”.
“Que inviertan en investigaciones para buscar energías más saludables. No nos van a trasladar la responsabilidad a las comunidades indígenas y campesinos. Sería injusto que ellas tengan que pensar en las alternativas. Hay otro tema a cambiar que son los patrones de consumo y eso sólo es posible con políticas de Estado”, afirmó Cruz.
La energía que producen las megarepresas son para la “venta al exterior” y para el “consumo de las grandes trasnacionales”, a pesar de que se pretenden justificar con el argumento que atenderán las necesidades nacionales, señaló la representante de Cesta-Amigos de la Tierra.
El grupo salvadoreño participó en el IV Encuentro de la Red Latinoamericana de Afectados por Represas, en Colombia, y en ese marco denunció la situación que se vive con los 17 proyectos hidroeléctricos que están en marcha en ese país, entre ellos los de El Chaparral, El Cimarrón y El Tigre (que afectará el sur de Honduras y el norte de El Salvador).
En El Salvador se conformó un Movimiento Nacional Antirepresas y Minería, que ha realizado importantes movilizaciones y campañas de información en los últimos tiempos. Cruz dijo a Radio Mundo Real que en el caso de El Chaparral solamente por el embalse serán afectadas más de 25 mil personas, eso sin estimar “lo que sucede río abajo”.
Con la construcción de El Cimarrón serán más un millón las personas afectadas, ya que las obras impactarían sobre el principal río salvadoreño; mientras que en el caso de El Tigre se estaría generando un conflicto ambiental de dimensiones binacionales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario