Impacto social y ecológico de la construcción de represas en El Salvador

(En esta ocasión queremos compatir documentos de archivo, sobre actores que en otros años se han pronunciado en relación al tema de represas en El Salvador. Puesto que no es un tema que ha aparecido recientemente sino que para nuestro caso, lleva varios años de debate. -MONARES-)

A pocos días de haberse anunciado la privatización de las empresas distribuidoras de energía, comienzan a conocerse algunos detalles de la Ley para la Venta de Acciones de las Sociedades Distribuidoras de Energía Eléctrica que revelan la verdadera intencionalidad de este proyecto, especialmente en lo que respecta a la forma concentrada en que se distribuirán sus beneficios.

De acuerdo al artículo 12 de la citada ley, se establece que "los recursos que se generen por la venta de las acciones de las sociedades distribuidoras deberán ser utilizados por CEL [Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa] exclusivamente en el desarrollo de infraestructura para generación de energía eléctrica por medio de recursos naturales". Según el Presidente de CEL, Guillermo Sol Bang, la intención de la institución es ampliar la capacidad de las centrales Cerrón Grande y 5 de Noviembre y construir cinco proyectos hidroeléctricos más en el cauce del río Lempa.

Esta disposición, ciertamente, cuestiona la supuesta inversión en proyectos de beneficio social que posibilitaría la privatización de las empresas estatales. Esto se ha registrado ya en el pasado, pues las privatizaciones realizadas no se han traducido en incrementos apreciables del gasto social. Sin embargo, es importante reseñar algunos de los efectos de la construcción de represas en el país y las posibles implicaciones de un plan de expansión de la energía hidroeléctrica tal como el planteado por CEL.

Históricamente puede demostrarse que los menos beneficiados con la construcción de las represas y la generación de la electricidad han sido los sectores mayoritarios del país. Así, es de mencionar que los embalses asociados con las represas han implicado pérdida de recursos naturales e infraestructura, desplazamientos poblaciones y destrucción del hábitat; todo ello sin que siquiera se lograra incrementar el uso de la electricidad en el sector rural.

El caso más polémico lo constituye la construcción de la represa del Cerrón Grande, la cual en principio fue diseñada con la clara intencionalidad de generación eléctrica, pero también se le atribuyeron supuestos beneficios de prevención de inundaciones en la zona baja del río Lempa. Debido a que con la construcción de la mencionada represa se estimaba que se formaría un embalse que cubriría una extensión de más de 140 kilómetros cuadrados, suficiente para ser considerado como el cuerpo de agua más extenso del país, el proyecto ha estado desde el principio rodeado de la polémica. Evidentemente, los habitantes de la zona a ser inundada se opusieron desde el principio al proyecto, obligando primero a posponerlo y luego a la adopción de planes de reubicación de la población que no alteraron los efectos negativos del proyecto sobre los desplazados.

La creación del embalse provocó pérdidas de tierras productivas, de carreteras, puentes, un ingenio azucarero, vestigios arqueológicos y el desplazamiento de más de 25,000 habitantes de la zona. Probablemente, lo más cuestionable es que en la actualidad esta represa, lejos de prevenir las inundaciones, se ha convertido en un catalizador de ellas debido a las descargas de agua que desde la misma y desde otras tres se realizan. La problemática de las inundaciones afecta gravemente a otros grupos poblacionales rurales asentados en ambas riberas de la parte baja del Lempa. Paradójicamente, toda el agua que se libera durante el invierno ha provocado ya que en épocas de sequía no se cuente con volúmenes adecuados de agua y se proceda a implementar drásticos racionamientos energéticos, tal como ha sucedido en 1987 y 1991, por ejemplo.

Los principales beneficiados de la construcción de las represas han sido, sin lugar a dudas, los sectores urbanos-industriales, pues para los sectores urbano-artesanales fue todo lo contrario. La ampliación de la generación eléctrica a principios de la década de 1950 dio paso al surgimiento de grandes empresas de zapatos, textiles, café soluble, velas y otros productos que entraron en competencia desigual con la producción artesanal. Estudios sobre la utilización de la energía eléctrica revelan que los kilowatt hora utilizados en la elaboración de los productos se elevaron dramáticamente durante esa época y paulatinamente provocaron una drástica reducción de la producción artesanal.

El balance histórico de la construcción de las represas resulta negativo no sólo por los efectos mencionados, sino también porque el manejo de las tierras aledañas a los embalses ha provocado asolvamiento prematuro de las mismas y reducción de la vida útil de la represas. Es decir que las grandes inversiones realizadas en estos proyectos únicamente han beneficiado a sectores minoritarios, aun a costa del sacrificio de sectores rurales y urbano-artesanales, así como de apreciables incrementos de la deuda externa, pues las represas fueron construidas, fundamentalmente, a partir de empréstitos del Banco Mundial.

Actualmente, no se considera contraer nuevas deudas para la construcción de las represas, pero los efectos experimentados en el pasado deberían, cuando menos, promover una revisión de los proyectos para que se eviten cometer los mismos errores del pasado. Evidentemente, ello pasa por la adopción de un marco institucional y legal que promueva la protección ambiental, pero también pueden contemplarse algunos objetivos relacionados con el mejoramiento de las condiciones económico-sociales en el agro.

Suponiendo la inevitabilidad de la construcción de las represas, podrían señalarse, cuando menos, cuatro diferentes líneas de acción: promoción del uso sostenible de las tierras aledañas a los embalses, expansión de la oferta energética en el sector rural, construcción de pequeñas obras de riego y control efectivo de las inundaciones en la parte baja del Lempa. Como se señaló arriba, la erosión de las tierras aledañas a los embalses ha contribuido a acelerar su asolvamiento; por ello se impone la adopción de planes de manejo cuya implementación debería ser promovida por la misma CEL. Por otra parte, la expansión de la oferta energética en el sector rural supondría un mejoramiento de las condiciones de vida y al mismo tiempo abriría las posibilidades de modernizar muchos procesos agropecuarios y, por ende, incrementar la productividad.

El diseño de las represas podría permitir también crear un sistema de riego destinado a abastecer a los agricultores aledaños al proyecto hidroeléctrico; en el caso de El Salvador ello podría favorecer inclusive los planes gubernamentales de expandir los sistemas de irrigación. Sin embargo, uno de los problemas más graves que debería solucionarse con la construcción de represas son las recurrentes inundaciones de la zona baja; si en el pasado esto no pudo lograrse, este es un momento propicio para retomarlo como uno de los objetivos de la ampliación de la infraestructura hidroeléctrica del Lempa.

Cabe mencionar en este punto que en algunos países la construcción de represas ha sido concebida como un punto de partida para impulsar auténticos procesos de recuperación ambiental, manejo sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de las condiciones socio-económicas de los agricultores. Para ello la construcción de represas ha sido acompañada de campañas de mejoramiento de técnicas agropecuarias, distribución de abonos, campañas de salud e introducción masiva de la electricidad en el agro.

La propuesta de CEL de construir cinco nuevas represas hidroeléctricas debería llamar a la reflexión debido a que podría implicar que los recursos de la privatización se inviertan en beneficio de unos pocos sectores (los nuevos propietarios de las distribuidoras eléctricas, los industriales y algunos sectores domiciliares urbanos), mientras que los mayores costos de la construcción de las represas y de la creación de embalses serían trasladados a los sectores rurales tradicionalmente excluidos de los beneficios de la expansión de la capacidad energética.
Semanario Proceso

© 1997 UCA Editores
Año 17

número 755

abril 30 1997

ISSN 0259-9864