David Pérez
Redacción Diario Co Latino
Durante la administración del Presidente Antonio Saca, la CEL presentó el proyecto de construcción de la presa El Chaparral, la cual dijeron abastecería de energía a más de 200 mil familias. No obstante, los pobladores del norte de San Miguel, que serán los afectados, han mostrado una rotunda oposición al proyecto, por las afectaciones de las que serán víctimas.
El Presidente Mauricio Funes, al asumir la presidencia aseguró que el proyecto seguiría en marcha, pues es sumamente importante la generación energética que se logrará con la presa, sin embargo, algunos sectores se preguntan que tan necesaria es para el país dicha producción.
Por otra parte, la CEL se comprometió a presentar un estudio de impacto ambiental, y hasta la fecha no lo han expuesto ante las comunidades afectadas, por lo que la oposición aún sigue en pie. Javier Bogantes, Director del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), manifestó que a pesar de que la CEL ha mantenido siempre una actitud de apertura y abierta al diálogo con las comunidades, aún no se ha logrado un acuerdo, y “más bien parece que la situación se hace cada día más tensa”.
A lo largo de toda América Latina, los proyectos de presas hidroeléctricas han generado graves conflictos, a nivel ambiental y social, y es que siempre sale a relucir los aspectos emocionales y económicos de los afectados, quienes no quieren ver sus comunidades inundadas y además, la mayoría de ocasiones, no tienen otro lugar donde vivir.
Bogantes manifestó: “como tribunal hemos tratado de profundizar en los datos, cual es el faltante energético en El Salvador, hasta qué punto son necesarias las hidroeléctricas, y estos datos en realidad, ni los denunciantes, ni la CEL, ni los expertos que han participado en este proceso los han aportado”.
Ante este tipo de proyectos, se pone de manifiesto la ambivalencia de quienes pierden y quienes ganan, de esa forma El Chaparral significa la pérdida de toda una vida para los afectados, y de la otra cara de la moneda el abastecimiento de energía para las necesidades productivas de todo un país.
Es por esto que el TLA realizará el “Foro Regional sobre Problemática Hídrico-ambiental”, el 11 de noviembre, en Morazán, y en la catedral de Santiago de María, Usulután. “Nosotros estamos recomendando un diálogo abierto, con mayor entendimiento y mayor profundización (…) nosotros no venimos a decirle al gobierno que debe hacer o que no, sólo venimos a servir como un ente que puede auspiciar el diálogo, la información ética y técnica, respecto a las problemáticas”, recalcó Bogantes.
El TLA es una instancia internacional autónoma e independiente, fundada en 1998 y llevó una sesión hasta el 2000. Hasta la fecha ha atendido un significativo número de casos en distintos países de América.
Ante la ausencia de un estudio que defina las necesidades reales de energía en el país, y las comunidades que defienden sus derechos, el problema puede tomar dimensiones altamente caóticas y, desembocar en un conflicto lamentable para el país.
Redacción Diario Co Latino
Durante la administración del Presidente Antonio Saca, la CEL presentó el proyecto de construcción de la presa El Chaparral, la cual dijeron abastecería de energía a más de 200 mil familias. No obstante, los pobladores del norte de San Miguel, que serán los afectados, han mostrado una rotunda oposición al proyecto, por las afectaciones de las que serán víctimas.
El Presidente Mauricio Funes, al asumir la presidencia aseguró que el proyecto seguiría en marcha, pues es sumamente importante la generación energética que se logrará con la presa, sin embargo, algunos sectores se preguntan que tan necesaria es para el país dicha producción.
Por otra parte, la CEL se comprometió a presentar un estudio de impacto ambiental, y hasta la fecha no lo han expuesto ante las comunidades afectadas, por lo que la oposición aún sigue en pie. Javier Bogantes, Director del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), manifestó que a pesar de que la CEL ha mantenido siempre una actitud de apertura y abierta al diálogo con las comunidades, aún no se ha logrado un acuerdo, y “más bien parece que la situación se hace cada día más tensa”.
A lo largo de toda América Latina, los proyectos de presas hidroeléctricas han generado graves conflictos, a nivel ambiental y social, y es que siempre sale a relucir los aspectos emocionales y económicos de los afectados, quienes no quieren ver sus comunidades inundadas y además, la mayoría de ocasiones, no tienen otro lugar donde vivir.
Bogantes manifestó: “como tribunal hemos tratado de profundizar en los datos, cual es el faltante energético en El Salvador, hasta qué punto son necesarias las hidroeléctricas, y estos datos en realidad, ni los denunciantes, ni la CEL, ni los expertos que han participado en este proceso los han aportado”.
Ante este tipo de proyectos, se pone de manifiesto la ambivalencia de quienes pierden y quienes ganan, de esa forma El Chaparral significa la pérdida de toda una vida para los afectados, y de la otra cara de la moneda el abastecimiento de energía para las necesidades productivas de todo un país.
Es por esto que el TLA realizará el “Foro Regional sobre Problemática Hídrico-ambiental”, el 11 de noviembre, en Morazán, y en la catedral de Santiago de María, Usulután. “Nosotros estamos recomendando un diálogo abierto, con mayor entendimiento y mayor profundización (…) nosotros no venimos a decirle al gobierno que debe hacer o que no, sólo venimos a servir como un ente que puede auspiciar el diálogo, la información ética y técnica, respecto a las problemáticas”, recalcó Bogantes.
El TLA es una instancia internacional autónoma e independiente, fundada en 1998 y llevó una sesión hasta el 2000. Hasta la fecha ha atendido un significativo número de casos en distintos países de América.
Ante la ausencia de un estudio que defina las necesidades reales de energía en el país, y las comunidades que defienden sus derechos, el problema puede tomar dimensiones altamente caóticas y, desembocar en un conflicto lamentable para el país.
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