Leonor Cárdenas
Redacción Diario Co Latino
Una vez más la población afectada por la construcción de la represa El Chaparral y representantes de diferentes organizaciones sociales del país, se manifestaron en contra del proyecto de la represa, por considerarlo una amenaza para los residentes de la zona.
Cientos de salvadoreños caminaron desde el Reloj de Flores hasta las instalaciones de la empresa CEL, ubicada en San Salvador, para exigirle a las autoridades correspondientes y gobierno del Presidente Elías Antonio Saca, detener el proyecto de construcción de la represa, en el norte del departamento de San Miguel.
“La marcha tiene como objetivo exigirle al gobierno que detenga la construcción de la represa El Chaparral, ya que es un atentado a la vida y seguridad de los miles de habitantes que residen en la zona”, manifestó Luis Guzmán, padre de la Iglesia Misericordia.
Asimismo, dijo que como iglesia apoyan el trabajo realizado por el padre Confesor, quien desde que se inició el proyecto de la represa “ha denunciado tal injusticia, acto por el que ha sido amenazado de muerte”, agregó el sacerdote Guzmán.
Por su parte, Rafael Menjívar, pastor de la Iglesia Luterana, manifestó que la concentración y vigilia frente a CEL, permanecerá hasta el día de mañana.
“A las 9:00 a.m. saldremos rumbo a Casa Presidencial, para exigirle al presidente de la República nos muestre donde está el gobierno con sentido humano del que tanto habla, ya que es evidente que con el proyecto de la represa El Chaparral, se generarán más inundaciones en las comunidades y municipios cercanos, lo cual pone en riesgo la vida de miles de salvadoreños y la pérdida de muchos cultivos”, agregó Menjívar.
Campesinos piden legalización
En otra protesta, decenas de campesinos salieron a marchar a las principales calles de San Salvador a pedir la legalización de las tierras. El grupo de campesinos se concentró en el Salvador del Mundo, de donde salió la marcha para llegar al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA).
Carlos Rodríguez, secretario general de Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios (ANTA), dijo que el Estado salvadoreño no agiliza el proceso de legalización de tierras y eso genera inestabilidad al sector.
“Estamos exigiendo al presidente del ISTA la escrituración de las propiedades, la gente tiene bastante años de estar trabajando, gente que tiene hasta 18 años trabajando y el ISTA no ha querido proceder a la legalización”, aseguró Rodríguez.
Según los cálculos de la asociación, tienen aglutinados más de ocho mil campesinos a los que no se les ha escriturado. Y a escala nacional existen 112 mil familias las que no tienen legalidad jurídica.“El ISTA lo que dice es que tienen problemas con CNR para legalizar las propiedades y siempre se tiran la pelota”, criticó.Los campesinos lograron en el 2007, el decreto 344 con el que se buscaba “quitar” los problemas para alcanzar la legalización.
El presidente de ANTA se quejó que el Estado utilice a los campesinos de forma electoral prometiendo “que el próximo gobierno legalizarán las tierras”.
Por su parte, Osmín Aldana, del consejo directivo nacional de la asociación, calculó que son más de 400 mil familias las que atraviesan esta situación y que es necesario que después de casi 20 años se les solucione.
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