Tecnócratas
de CEL concesionaron LaGeo burlando la Constitución. Piden embargos de
los bienesde todos los acusados. Fiscal reclama indemnización de $1 mil
millones
Por David Ernesto Pérez
La
Fiscalía General ha iniciado la persecución penal contra altos
funcionarios de la administración del expresidente Francisco Flores, por
supuestamente “entregar” LaGeo, la empresa de capital público y privado
que controla la explotación de la energía geotérmica y que anualmente
produce millones de dólares. Las acciones de los tecnócratas – la
mayoría vinculados, en el pasado o en el presente a ARENA – le ha
causado a El Salvador pérdidas de unos $1 mil millones.
Los principales acusados por
peculado y falsedad documental, son: el exministro de Economía, Miguel
Lacayo, que intervino en la CEL para que esta entregara la concesión a
LaGeo, y posteriormente aliarse con ENEL; Guillermo Sol Bang – ex
miembro de ARENA - , antiguo presidente de la autónoma, que habría
consentido las irregularidades; y José Antonio Rodríguez, ex gerente de
GESAL que avaló la participación de la compañía italiana pese a que
había prohibición de ley.
El
resto de implicados son: Jorge José Simán Zablah; Pedro José Escalón
Pacas, cuñado de Calderón Sol; Julio Alberto Olano Noyola; Carlos
Jacinto Chavarría; Thomas Hawk Baker, director del sector empresarial de
ARENA; José Ricardo Palomo Deneke; Óscar Armando Valdez Iraheta; Roger
Martin Herdocia; Carlos Mauricio Novoa González; Mario Christopher
Selva; José Agustín Javier Gasteazoro; José Daniel Julio Martínez; Paolo
Pietrogrande; Benjamín Valdez Iraheta y Carmen Antonia Paredes Lazo.
El
fiscal especial, Saúl Morales, explicó que las irregularidades
iniciaron cuando Lacayo mandó una carta a la Junta Directiva de la CEL
para intervenir en la búsqueda de un socio estratégico para la
explotación de la energía geotérmica. La orden, a pesar que se trataba
de una injerencia, fue aceptada sin peros. “¡Cómo puede incidir (Lacayo)
en una decisión interna! El presidente de la CEL recibió la carta, la
llevó a la Comisión y luego le avisó que iban a cumplir. No podía porque
eran autónomos”.
Cuando
Lacayo envió la misiva, la CEL había contratado al consorcio Ernst
Young-Deutsche Bank que estaba ocupado en dos asuntos: vendiendo
acciones de la industria energética salvadoreña y buscando a la empresa
que habría de invertir en la explotación geotérmica. Se habían
integrados dos comités para tal fin: uno interinstitucional y otro
técnico (éste revisaría los perfiles de las empresas que querían
trabajar con el Estado salvadoreño).
Uno
de los requisitos para poder invertir era no tener acciones en la
industria energética salvadoreña, de lo contrario estaba descalificada
para ofertar. Presentaron propuestas Shell, SUMITOMO y ENEL. El 5 de
septiembre de 2001, el representante de ENEL en El Salvador, José
Antonio Machado, mandó una carta a Rodríguez en la que le consultaba si
la compañía italiana podía participar, aunque tuviera acciones en CLESA –
proveedora eléctrica –. Rodríguez le respondió, casi inmediatamente,
que sí, pese a la prohibición expresa del reglamento aprobado por la
autónoma que establecía que evaluar correspondía al comité técnico; sin
embargo, no existen pruebas que la instancia lo haya hecho, según el
fiscal especial. “Lo tenían que analizar personas que conocían del
tema”.
Debía
ser demostrada, además, la especialización de los ofertantes: Shell era
experta en pozos petroleros; ENEL, en vapor; SUMITOMO, agua y vapor. En
el país la indicada era la japonesa, expresó el fiscal. Tiempos después
se retiraron la primera y la tercera, dejándole el paso libre a ENEL.
Aunque
la licitación era manejada por los altos funcionarios de la
administración Flores, la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones
(UACI) estaba obligada a dirigirla, porque ya “estaba vigente la LACAP”.
Esta es otra de las irregularidades halladas por la Fiscalía.
El
17 de octubre de 2001, otro de los representantes de ENEL, Porfirio
Díaz Fuentes, le reiteraba a Rodríguez que la compañía estaba lista para
participar como socios con el Estado, aunque también él era miembro de
la CEL. Recibía doble salario. “Era obvio que tenía conflicto de
interés”.
“Llega
al colmo que mete a evaluar a un religioso que no pertenecía al comité
evaluador. Da el dictamen para que pase como del comité técnico”,
detalló Morales.
A
principios de 2013 la administración de Mauricio Funes advertía de las
irregularidades que encontraron cuando llegó al poder con el FMLN, entre
estas que ENEL estaba a un paso de convertirse en socio mayoritario de
LaGeo e iba a dominar la generación geotérmica. El Gobierno rechazó el
avance accionario, hubo un laudo arbitral en Francia y el país perdió.
La presidencia se ha negado a cumplir la resolución. La Fiscalía ha
incluido, en su bagaje de acusación, la duda: ¿por qué los ex
funcionarios permitieron que ENEL se convirtiera en socio mayoritario?
Entre
los miles de cabos sueltos que han perjudicado al Estado, uno de los
más urgentes fue cuando se estableció que cualquier inversión iba a
capitalizarse en acciones, es decir, en más poder y ganancias para los
italianos; menos participación y recursos para El Salvador. “Si pintaban
una pared ya eso eran acciones”.
Los
asesores financieros habían sugerido que la capitalización de acciones
solo pudiera darse cuando había inversión en generación energética, pero
los tecnócratas de Flores modificaron “un sinfín de veces” los
artículos 6 y 8 del contrato. “La inversión debía ser en aumento de la
generación eléctrica, pero se dieron acuerdos que después podemos
analizar”. ENEL aumentó, de 4 a 12.5 por ciento sus acciones sin que las
haya pagado.
El fiscal aclaró que todavía están en curso las investigaciones en diferentes rutas, entre estas una por lavado de dinero.
Sol
Bang ha dicho, mediante comunicado de prensa, que pretenden dañar su
imagen “y la de gente inocente con el único objetivo de seguir estafando
al país”. También protagoniza un vídeo.
Herencias de gobierno a gobierno
Después
de la Guerra Civil, el gobierno del expresidente Alfredo Cristiani
adoptó el modelo de ajuste estructural impulsado desde Estados Unidos,
para privatizar todos los servicios que el estado brindaba a la
población. Cuando fue el turno del también exgobernante Armando Calderón
Sol, el ajuste continuó y fue cuando nació la Ley de Electricidad y
Telecomunicaciones, que en su artículo 19, daba a la Superintendencia de
Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) la potestad de entregar
concesiones sin pasar por la Asamblea Legislativa, como establece la
Constitución. También nació, en 1999, la Ley para la Venta de Acciones
de Sociedades Generadores de Energía Térmica.
Estas
normativas pretendían entregar a privados sectores clave de la
producción energética, ocupando “subterfugios. Esta redacción era
recurrente para evadir los controles que requieren las instituciones
mixtas o del Estado”, comentó Morales.
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