Guadalupe Espinoza y Mónica Montalvo Méndez
Es una negativa al progreso la oposición de los afectados por la presa El Zapotillo, es lo que dice el director General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago-Pacífico, Raúl Antonio Iglesias Benítez, en los juicios de amparo que las personas de Temacapulín han interpuesto en contra de la construcción de la mencionada represa y que el tejido social ya ha sido violentado por los mismos pobladores al abandonar su tierra. Qué visión tan cómoda y miope tienen los funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Y la decimos porque hace recaer la culpa y la responsabilidad en la gente, cuando son las políticas del Estado, del cual él forma parte, las que han obligado a la gente a emigrar buscando otras alternativas de vida, ya sea en otras ciudades del país o de los Estados Unidos, como es el caso de los hijos ausentes de estas poblaciones de los Altos de Jalisco.
Fue el presidente de los Estados Unidos, Truman quien usó el concepto de desarrollo el 20 de enero de 1949 al tomar posesión de su encargo, adquiriendo una virulencia colonizadora insospechada. Desde entonces a la fecha los distintos gobiernos de los países, entre ellos el de México, lo han utilizado como paradigma civilizatorio. Para la clase gobernante construir presas es parte del desarrollo. A ellos no les interesa que las grandes represas ya estén siendo desmontadas en países de la Unión Europea y Estados Unidos por los graves efectos que producen en el ecosistema, como el cambio climático, deterioro ambiental, pérdida de biodiversidad, las afectaciones sociales, incluyendo los desplazamientos y la pérdida del patrimonio cultural e histórico, etcétera. Aunado al hecho que las presas no son la mejor tecnología para producir energía y gestión del agua.
La idea de desarrollo y de progreso inmersa en el caso de las presas funge como modelo de dominación hacia los más débiles. Se construyen de manera unilateral y arbitraria bajo el discurso de “utilidad pública”. Para ello, las autoridades y los jueces aducen que el interés general está por encima del interés particular, no importando que a los más débiles se les pisoteen sus derechos, como son el de propiedad, el de vivienda, al medio ambiente sano, a la legalidad y seguridad jurídica, a la salud, a la consulta, a la planeación democrática del desarrollo, al agua, a la vivienda, a la alimentación, el de libre tránsito, en aras de un supuesto desarrollo que los excluye y al cual no están invitados. Total, como son pocos que se sacrifiquen por las mayorías, que esa es una de las premisas en que se basa la democracia de los Estados modernos.
Contra el interés general no hay argumento que valga, pues en él supuestamente todos nos sentimos partícipes, pero la realidad nos dice que con su uso la clase dominante se oculta y desde ahí impone sus proyectos de desarrollo, que es su visión del mundo y de las cosas en el que no caben los desposeídos. Para los poderosos, la idea que está detrás del desarrollo implica la lucha contra el poder espiritual de aquellas tradiciones que son un obstáculo para la expansión del mercado, la industria y el Estado moderno. Así, la idea de progreso ofrece la nueva justificación de la desigualdad y la expansión de la visión occidental.
Las grandes represas no son construidas ni administradas por toda la sociedad sino por una élite en el poder burocrático, político y económico. Las represas brindan a esta élite la capacidad de controlar el agua para su propio beneficio, privando a los anteriores usuarios del acceso parcial o total a los recursos del río.
Son lamentables los intentos de denigrar a quienes se oponen y resisten a las represas calificándolos como agentes “antidesarrollo”, “antipatriotas” o con “intereses extranjeros”, “mala influencia”. Otro argumento que se maneja es que las personas que se oponen a las presas están oponiéndose al desarrollo de los demás ciudadanos, los que van a recibir el beneficio de la luz o del agua. Así se tiende una trampa argumentativa, donde ya no son los afectados directos por la presa con el gobierno, sino los afectados contra otros ciudadanos. Es importante señalar que esta estrategia utilizada por los encargados de llevar a cabo la obra es para distraer y cambiar el foco de la discusión para no tocar la médula de problema.
Actualmente se han incorporado en la definición del concepto de desarrollo aspectos culturales, participativos, sustentables, identitarios y de derechos humanos, e incluso se ha sugerido que se deje abierto el término para que sean los propios pueblos quienes lo definan. Se busca generar desarrollos acordes con la forma de ser y querer de los pueblos, que es lo que quieren Temacapulín, Acasico y Palmarejo, como ellos lo han dicho, no es que no quieran darle agua a Guadalajara y a otras ciudades, lo que no quieren es que se les inunde, quieren que se les oiga, que se escuchen y tomen en cuenta sus planteamientos.
En una democracia que se precie de tal, todos contamos, todos tenemos derechos, aun los más débiles, los más pobres, los más desposeídos. No cumplirlos es corroborar lo que ya se sabe, que vivimos en un Estado autoritario, antidemocrático y falaz.
Fue el presidente de los Estados Unidos, Truman quien usó el concepto de desarrollo el 20 de enero de 1949 al tomar posesión de su encargo, adquiriendo una virulencia colonizadora insospechada. Desde entonces a la fecha los distintos gobiernos de los países, entre ellos el de México, lo han utilizado como paradigma civilizatorio. Para la clase gobernante construir presas es parte del desarrollo. A ellos no les interesa que las grandes represas ya estén siendo desmontadas en países de la Unión Europea y Estados Unidos por los graves efectos que producen en el ecosistema, como el cambio climático, deterioro ambiental, pérdida de biodiversidad, las afectaciones sociales, incluyendo los desplazamientos y la pérdida del patrimonio cultural e histórico, etcétera. Aunado al hecho que las presas no son la mejor tecnología para producir energía y gestión del agua.
La idea de desarrollo y de progreso inmersa en el caso de las presas funge como modelo de dominación hacia los más débiles. Se construyen de manera unilateral y arbitraria bajo el discurso de “utilidad pública”. Para ello, las autoridades y los jueces aducen que el interés general está por encima del interés particular, no importando que a los más débiles se les pisoteen sus derechos, como son el de propiedad, el de vivienda, al medio ambiente sano, a la legalidad y seguridad jurídica, a la salud, a la consulta, a la planeación democrática del desarrollo, al agua, a la vivienda, a la alimentación, el de libre tránsito, en aras de un supuesto desarrollo que los excluye y al cual no están invitados. Total, como son pocos que se sacrifiquen por las mayorías, que esa es una de las premisas en que se basa la democracia de los Estados modernos.
Contra el interés general no hay argumento que valga, pues en él supuestamente todos nos sentimos partícipes, pero la realidad nos dice que con su uso la clase dominante se oculta y desde ahí impone sus proyectos de desarrollo, que es su visión del mundo y de las cosas en el que no caben los desposeídos. Para los poderosos, la idea que está detrás del desarrollo implica la lucha contra el poder espiritual de aquellas tradiciones que son un obstáculo para la expansión del mercado, la industria y el Estado moderno. Así, la idea de progreso ofrece la nueva justificación de la desigualdad y la expansión de la visión occidental.
Las grandes represas no son construidas ni administradas por toda la sociedad sino por una élite en el poder burocrático, político y económico. Las represas brindan a esta élite la capacidad de controlar el agua para su propio beneficio, privando a los anteriores usuarios del acceso parcial o total a los recursos del río.
Son lamentables los intentos de denigrar a quienes se oponen y resisten a las represas calificándolos como agentes “antidesarrollo”, “antipatriotas” o con “intereses extranjeros”, “mala influencia”. Otro argumento que se maneja es que las personas que se oponen a las presas están oponiéndose al desarrollo de los demás ciudadanos, los que van a recibir el beneficio de la luz o del agua. Así se tiende una trampa argumentativa, donde ya no son los afectados directos por la presa con el gobierno, sino los afectados contra otros ciudadanos. Es importante señalar que esta estrategia utilizada por los encargados de llevar a cabo la obra es para distraer y cambiar el foco de la discusión para no tocar la médula de problema.
Actualmente se han incorporado en la definición del concepto de desarrollo aspectos culturales, participativos, sustentables, identitarios y de derechos humanos, e incluso se ha sugerido que se deje abierto el término para que sean los propios pueblos quienes lo definan. Se busca generar desarrollos acordes con la forma de ser y querer de los pueblos, que es lo que quieren Temacapulín, Acasico y Palmarejo, como ellos lo han dicho, no es que no quieran darle agua a Guadalajara y a otras ciudades, lo que no quieren es que se les inunde, quieren que se les oiga, que se escuchen y tomen en cuenta sus planteamientos.
En una democracia que se precie de tal, todos contamos, todos tenemos derechos, aun los más débiles, los más pobres, los más desposeídos. No cumplirlos es corroborar lo que ya se sabe, que vivimos en un Estado autoritario, antidemocrático y falaz.
