Por Gloria Morán
Contrapunto
SAN SALVADOR - Parecía un día de feria a las orillas del Río Torola en San Miguel, alrededor de 250 personas estaban reunidas, en el lugar había comida, risas, gritos, chapuzones y música, pero este último elemento denotaba que la reunión no era por algún santo patrón, sino en protesta contra la construcción de la represa hidroeléctrica El Chaparral en ese mismo departamento.
La construcción de la represa el Chaparral inició en octubre de 2008 y los encargados de poner la primera piedra en una de las comunidades afectadas, San Luis La Reyna,fueron el ex presidente de El Salvador por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Elías Antonio Saca y Nicolás Salume, ex presidente de la Comisión EjecutivaHidroeléctrica del Río Lempa (CEL).
Ese acto terminó de revolver los ánimos de los pobladores, quienes hasta la fecha siguen haciendo acciones de protesta en contra del proyecto de generación de energía eléctrica, por considerar que destruirá el medio ambiente y el medio en el que viven.
Además consideran que la cimentación de la represa pone en peligro eminente de inundación a las comunidades, que no solo afectaría grandemente a la población, sino también hábitat de fauna y flora de esos lugares.
Los pobladores aseguran que difícilmente esa obra los beneficiará, puesto que la negociación y venta de la energía eléctrica será para un mercado regional, para las trasnacionales, y no en beneficio de la gente que vive cerca del proyecto.
La construcción abarca los municipios de Carolina, San Antonio del Mosco y San Luís de la Reina, ubicados al norte del departamento de San Miguel, todos fronterizos con Honduras.
EL proyecto se ubica sobre la cuenca del río Torola, que cuenta con una extensión de1.575 kilómetros cuadrados, de los que 1.018 pertenecen a El Salvador y 557 aHonduras.
En la actualidad el proceso se encuentra detenido porque al parecer hay problemas con el diseño original realizado por la empresa concesionada para la construcción. Según información extraoficial, la empresa habría pedido más dinero al Estado porque hubo errores en el planteamiento inicial de la construcción de la represa y ese diseño debería hacerse nuevamente.
ContraPunto intentó que la CEL explicara en qué punto se encuentra ese pleito y otras cuestiones que se exponen en este reportaje, pero a pesar de que hubo contacto con los responsables de comunicación, que mostraron buena disposición, finalmente no se obtuvo la información.
El temor de los pobladores
Según el padre Antonio Confesor Carballo Hernández, de la parroquia de San Antonio del Mosco, las familias afectadas en gran escala serán 11.000, esta cifra sin contar a los pobladores de otras comunidades aledañas a la zona. Además de 1.200 manzanas que serán inundadas.
“A nosotros la represa nos afecta porque nos quitan las propiedades donde hacemos la milpa, donde echamos la vaquita a pastar; y donde hay un par de vaquitas significa que es el alimento de las familias que sacan queso, leche. El peligro es cuando la construyan y al final decidan. Estamos presionados con la construcción, porque ha habido deforestación, amenazas y miedo”, dijo Estanislao Ayala, un hombre delgado de 55 años de edad.
A decenas y decenas de habitantes de los municipios afectados no les importó caminar hasta dos horas para llegar a la orilla del río Torola y expresar la insatisfacción y el temor que sienten por la construcción de la represa.
Los habitantes han dicho que no usarán la violencia para manifestarse, que no tomarán armas, piedras o palos para correr a la empresa concesionaria de la represa la CEL. Sin embargo usan su creatividad, su poder de organización para decir “no” a la infraestructura que dañará sus tierras y a muchos los hará partir obligados hacia otro lugar.
“La CEL y la construcción no pasarán” “no queremos proyectos de muerte” “viviremos en nuestras tierras y ganaremos la batalla” eran algunas de las frases que contenían las canciones que a todo pulmón entonaban un grupo local; a dicha acción se unían las pancarta que decoraban el lugar en contra de la acción ejecutada por la CEL.
El padre Confesor aseguró que los pobladores de la zona “nunca agarrarán las armas para defender sus ríos y su pueblo”, y añadió que defenderán de forma pacífica la vida de su pueblo, de sus ríos.
“Los campesinos seguimos siendo los afectados y los gobiernos anteriores y éste son unos asesinos”, agregó.
Los activistas denuncian “intimidación, difamación y amenazas por parte de la CEL y la presencia del Ejército” hacia las personas que viven en la comunidades destinadas para la construcción de las represas.
Según la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), los principales derechos violentados en contra de la población de la zona son el derecho a una vida digna, a una vivienda digna, a la salud, a la educación, el derecho a vivir en un medio ambiente sano, entre otros.
Descontentos con Funes
A las orillas de río Torola, una mujer de unos 50 años cuchicheaba entre la multitud y decía que el actual presidente, Mauricio Funes, la ha decepcionado porque él tuvo todo “el poder para detener la obra y se llenó la boca diciendo que no la detendrá”.
El comentario de la habitante de Carolina se debe a las declaraciones de Funes en agosto 2009, cuando aseguró que la construcción de la represa hidroeléctrica El Chaparral continuaría y su gobierno no lo iba a parar.
“La obra no se puede detener, no solo por razones jurídicas, esto nos implicaría una demanda judicial, que perfectamente la empresa, al sentirse afectada en sus intereses, puede proceder internacionalmente a realizarla, sino que también porque necesitamos satisfacer la demanda energética proyectada, y por lo tanto, necesitamos esa represa. Necesitamos 60 megavatios que va a generar El Chaparral y no lo vamos a parar”, dijo Funes en esa ocasión.
Fue en 2009 cuando surgió otra polémica entre la aprobación de Funes a la construcción y la negación del entonces titular de la de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), Tomás Campos.
El descontento de Funes con Campos brotó después de que éste último presentara en junio 2009 el documento: “Análisis sobre la Suspensión Temporal del Proyecto Hidrológico El Chaparral”, en el que se señalaban anomalías en el otorgamiento de la concesión, falta de transparencia en la licitación y contratación de la empresa ASTALDI SpA, deficiencias en el Estudio de Factibilidad y déficit en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de El Chaparral.
Campos se opuso a la construcción de la represa El Chaparral y eso generó fricciones entre él y Funes, quien públicamente había asegurado que pese a la oposición de ambientalistas y pobladores en torno a la presa el proyecto debía seguir.
Unos meses después Campos dejaba de dirigir la SIGET. La razón esgrimida por Funes para relevarle fue la "pérdida de confianza".
Desventajas de las represas en embalses
El proyecto hidroeléctrico estará construido con embalse sobre el río Torola y, según el documento presentado por la SIGET, algunas de las desventajas que tienes es el alto costo, la dependencia de la hidrología (de lluvias), el desplazamiento de la población, lasinundaciones de la tierra y hábitat de la vida silvestre, entre otros. Mismas consecuencias que los pobladores conocen y razón por la cual piden que no continúen con la represa.
Los habitantes las comunidades afectadas temen que suceda lo mismo que en 1977 en El Salvador a causa de la Central Hidroeléctrica Cerrón Grande; por dicha construcciónse desplazo a 13.339 habitantes de la zona que se inundaba; o lo que pasó en 1983 con la Central Hidroeléctrica 15 de septiembre, que fueron desplazadas 300 familias.
Según Remberto Nolasco, del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM), la construcción de las represas fracciona comunidades debido al desplazamiento del que son víctimas y esto genera que acciones de intercambio comercial o ayuda entre los pobladores cese e incrementa la pobreza de las familias.
“En el interior de las comunidades pequeñas con algún nivel de homogeneidad cultural se tejen relaciones sociales por medio del comercio, el trueque, el compadrazgo, la religión, el empleo y la producción agropecuaria; las represas rompen estas relaciones históricas socialmente”, dijo el representante de CEICOM.
Los pobladores de la zona norte de San Miguel aseguran que en diversas ocasiones les han asegurado que la represa El Chaparral generará empleos y les ayudará a crecer económicamente. Sin embargo la SIGET en el informe que elaboró bajo la dirección de Tomás Campos, aseveró que esto es posible solo si el gobierno se compromete aobservar que los concesionarios estén dispuestos a pagar de forma justa y a contratar a los lugareños.
“También se dice que por requerir mucha mano de obra permite dar empleos; sin embargo, esto no se logra cuando las empresas constructoras no tienen permisos contractuales con el desarrollador, en los que se les obligue a emplear mano de obra de la zona pero también a pagarles adecuadamente, Estos son aspectos (beneficios) que requieren la observación del Estado”, cita el documento de la SIGET.
En Ese mismo informe Campos aseguraba que “a menudo” los costos sociales, ambientales y económicos pesan más que los beneficios y “por lo tanto, no se justifica la construcción de las represas grandes”.
La razón por la que las represas grandes y en embalses causan fuertes daños es
porque el área de dominio de una represa se extiende de los límites superiores del embalse hasta los esteros, e incluyen el embalse, la represa y la cuenca del río, aguas abajo de la represa.
La construcción en sí causa daños considerables, pero los más graves son aquellos relacionados con las inundaciones de la tierra para formar el embalse y la alteración del caudal del río.
Razones para no permitir las represas
Entre otras razones que exponen los activistas para no permitir la construcción de las represas están, según Mauricio Sermeño, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), es que cuando la vegetación y la fauna sufran los efectos de las inundaciones producirá gas metano, el cual es 23 veces más dañino que el dióxido de carbono.
También temen que suceda lo mismo que ha sucedido en años anteriores con las comunidades del Bajo Lempa, que durante eventos naturales, como la tormenta 12E, sufre las descargas desmedidas de la central 15 de Septiembre, lo que provoca desastres ambientales y humanos, “además de producir cuantiosos gastos que el gobierno no puede asumir”, dijo Sermeño.
Si la represa El Chaparral llegase a culminarse, ante una descarga de emergencia por sobrecargo inundaría la comunidad Aguas Calientes, donde hay aguas termales y de cascadas; los activistas aseguran que esta zona posee un alto potencial de energía geotérmica, de tal manera que calculan que “su potencial energético es más del doble (aproximadamente 120 Mw) de lo que supuestamente generaría la represa de El Chaparral (57 Mw)”.
Por último y en definitiva, según Sermeño, las poblaciones más pobres serían de nueva cuenta las más afectadas.
Represas, minas y Centroamérica
El padre Confesor denunció que la construcción de la represa El Chaparral, como otras en la zona, están pensadas en beneficio de las empresas mineras que han presentadoproyectos de exploración en la zona.
Nolasco afirma que las represas se “han pintado” a lo largo de la historia como un beneficio para los países subdesarrollados pero esto no ha sido así; ahora a las comunidades de la zona norte de San Miguel se les quiere vender la misma idea, pero la duda surge al ver que la electricidad será vendida a las grandes empresas y se teme porque sean en pro de los proyectos mineros.
Se hace la vinculación de las represas hidroeléctricas con las minas por la relativa cercanía que hay entre proyectos mineros y proyectos de represa en la zona norte del país. Actualmente de las 52.022 manzanas agrícolas que hay en San Miguel, 11.214 están concesionadas a empresas mineras, es decir un 21,5 por ciento.
CEICOM afirma que sobre el Río Torola se pretende crear una serie de represas, elllamado Complejo Torola, que abarcará Morazán y San Miguel. Las represas serán identificadas como Carolina, La Honda, Las Marías, Cerro Pando, Las Mesas, Maroma, San Marco y El Sapo.
Actualmente en Centroamérica hay 340 planes de represas, esto dentro del marco Plan Puebla Panamá y son 170 ríos los amenazados.
De los ríos amenazados el 1 por ciento están en El Salvador, 22 por ciento en Panamá, 20 por ciento en Costa Rica, en Belice el 1 por ciento, en Guatemala el 9 por ciento, 11 por ciento en Honduras, 22 por ciento en México y 14 por ciento en Nicaragua.
Mientras que los 340 planes de repesas el cuatro por ciento están en el país, en Belice el uno por ciento, Costa Rica el 13 por ciento, el 14 por ciento en Guatemala, en Honduras el 15 por ciento, Nicaragua 19 por ciento, Panamá 18 por ciento y en México el 15 por ciento.
“Habrá que ver a qué tipo de desarrollo y beneficio para la población de las zonas afectadas se refieren, pues siempre es a las grandes empresas transnacionales a quienes se les beneficia por su poder de adquisición”, dijo Nolasco.
